El gobierno federal presentó una nueva iniciativa para combatir el feminicidio en México. Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, junto con la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, dieron a conocer la propuesta de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.
La iniciativa será enviada al Congreso con el objetivo de establecer un marco jurídico nacional que permita homologar criterios, fortalecer investigaciones y garantizar justicia para las víctimas.
¿Qué propone la nueva ley contra el feminicidio?
La propuesta plantea reconocer el feminicidio como una grave violación a los derechos humanos, más allá de su tipificación penal. Entre los puntos clave destaca la homologación del delito en todo el país, con la identificación de nueve razones de género que permitirán clasificar los casos desde el inicio.
Asimismo, se establece una pena de entre 40 y 70 años de prisión, además de sanciones agravadas en casos donde las víctimas sean niñas, adolescentes, adultas mayores, personas con discapacidad o pertenecientes a comunidades indígenas.
La ley también contempla que todos los casos de muerte violenta de mujeres sean investigados bajo el protocolo de feminicidio desde el primer momento, con perspectiva de género obligatoria y sin interrupciones en el proceso, incluso ante cambios de turno en fiscalías.
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Protocolos, sanciones y nuevas reglas para agresores
Uno de los cambios más relevantes es la creación de protocolos nacionales obligatorios para la investigación, así como la profesionalización de ministerios públicos, policías y peritos especializados en este delito.
Además, se establece que los responsables perderán derechos como la patria potestad, herencias y cualquier beneficio legal relacionado con las víctimas. También se incluye la sanción por tentativa de feminicidio.
La iniciativa incorpora la obligación de las plataformas digitales de evitar la difusión de contenido que vulnere la dignidad de las víctimas, buscando frenar prácticas de revictimización.
Protección a víctimas y apoyo a familias
El proyecto también pone énfasis en los derechos de las víctimas directas e indirectas, incluyendo acceso a atención médica, psicológica, asistencia legal gratuita y programas sociales.
Un punto clave es la creación de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, con el fin de garantizar su protección y restitución de derechos.
Además, se plantea una coordinación entre los tres niveles de gobierno para prevenir la violencia feminicida, así como campañas permanentes y sistemas de atención temprana.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la iniciativa busca construir un sistema integral que permita prevenir, sancionar y erradicar este delito, con el objetivo de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres en México.
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