La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que busca poner fin a las llamadas “pensiones doradas” en organismos públicos como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El dictamen obtuvo este miércoles 25 de marzo de 2026 una amplia mayoría de 363 votos a favor, 64 en contra y 25 abstenciones, y plantea nuevos límites a las jubilaciones de servidores públicos.
La iniciativa modifica el Artículo 127 de la Constitución Mexicana para establecer que ninguna pensión podrá superar la mitad del salario de la titular del Ejecutivo federal, lo que se traduce en un tope cercano a los 70 mil pesos mensuales.
Reforma fija tope a pensiones y aplica de forma retroactiva
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es que la medida tendrá carácter retroactivo. Esto implica que las pensiones actualmente por encima del límite deberán ajustarse al nuevo monto establecido.
Con esta reforma, el gobierno federal busca reducir gastos considerados excesivos dentro del sistema público, especialmente en sectores donde existen miles de jubilaciones que superan el salario presidencial.
Durante el debate, legisladores a favor señalaron que esta práctica ha generado desigualdades importantes. Se mencionó que hay casos de pensiones que alcanzan cifras superiores al millón de pesos mensuales, mientras miles de trabajadores reciben ingresos significativamente menores.
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Debate por impacto legal y equidad
Sin embargo, la propuesta no estuvo exenta de críticas. Diputados de oposición advirtieron que la retroactividad podría vulnerar derechos adquiridos y abrir la puerta a litigios masivos contra el Estado.
También se cuestionó que la medida no incluya a todos los sectores con beneficios similares, como algunos integrantes del Poder Judicial, lo que —según señalaron— podría generar un trato desigual.
Por otro lado, legisladores que respaldaron la reforma argumentaron que estos esquemas de pensiones se originaron en prácticas irregulares y que su eliminación es necesaria para avanzar hacia una mayor equidad en el uso de recursos públicos.
Austeridad y presión sobre las finanzas públicas
El debate también reflejó preocupaciones sobre la situación fiscal del país. Algunos legisladores consideraron que el ajuste responde a la necesidad de generar ahorros, mientras que otros defendieron que se trata de una medida para combatir privilegios históricos.
La reforma aún deberá discutirse en lo particular y continuar su proceso legislativo, pero marca un nuevo capítulo en la política de austeridad impulsada desde el Ejecutivo.
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