Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el llamado Plan B de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, marcando un avance relevante en el proceso legislativo de la iniciativa.
El proyecto, que ahora podría pasar a su discusión en el pleno, plantea modificaciones a diversos artículos de la Constitución con el objetivo de reducir costos, limitar privilegios y ajustar mecanismos de participación ciudadana.
¿Qué propone el Plan B de reforma electoral?
Entre los principales cambios destaca la modificación al artículo 35 constitucional, que abre la posibilidad de realizar la revocación de mandato en el tercer o cuarto año de gobierno. La intención es que este ejercicio pueda coincidir con procesos electorales intermedios.
Sin embargo, se eliminó la propuesta que planteaba permitir consultas populares en materia electoral, tras ajustes de último momento durante la discusión en comisiones.
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Reducción de regidores y límites al gasto
El Plan B también contempla modificaciones al artículo 115, estableciendo límites al número de regidores en los ayuntamientos en función de la población. Municipios pequeños tendrían menos integrantes en sus cabildos, mientras que las grandes ciudades no podrán superar cierto número.
En paralelo, se plantea un tope al gasto de los congresos locales, que no podrán exceder el 0.7 por ciento del presupuesto estatal anual, con el objetivo de reducir costos legislativos.
Austeridad en salarios y beneficios
Otro eje central de la iniciativa es la política de austeridad. Se establece que ningún funcionario electoral podrá ganar más que la presidenta de la República.
Además, se eliminan prestaciones como bonos, seguros privados y esquemas adicionales de ahorro, en línea con la política de reducción de privilegios en el servicio público.
La aprobación en comisiones abre la puerta a una discusión más amplia en el Senado, donde se definirá el futuro de una de las reformas clave del actual gobierno en materia electoral.
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