Francisco Javier Pizarro Chávez En el limbo
La Ley de Seguridad Interior proclamada por el Presidente en funciones, Enrique Peña Nieto, el 21 de diciembre de 2017, sigue en el limbo, esto es, suspendida en el espacio y en el tiempo, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no define aún la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa ley.
La Corte tiene que pronunciarse en dos ámbitos: uno, definir si es constitucional el que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad y el otro, precisar qué es la seguridad pública y seguridad interior y, en consecuencia, distinguir cuáles son sus funciones.
Desde que la iniciativa de Ley se puso a consideración del Congreso de la Unión el tema generó una gran controversia entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo que argumentaron que no había otra forma de restablecer la paz y tranquilidad de México y quienes consideran que con ello se estaba militarizando el país.
A unos y otros se les olvida que el único responsable de esta confrontación gobierno-sociedad civil es Felipe Calderón, que en flagrante violación a la Constitución y para legitimar su fraude electoral en las elecciones de 2016, declaró “la guerra al narcotráfico”, con los resultados nefastos que todos hemos padecido.
De ello dan cuenta los nefastos resultados obtenidos en el Operativo Michoacán y el Operativo Chihuahua que Calderón inició en 2006 y 2008 en ambas entidades, en las que lejos de abatir las ejecuciones entre cárteles de la droga enfrentados y abatir los delitos “colaterales” como el secuestro, la extorsión, el cobro de piso a establecimientos comerciales, robo de vehículos y homicidios dolosos a quien se opusiera, detonaron una ola de violencia que ha deteriorado profundamente el tejido social y dejado una estela de muerte, desaparecidos, desplazados, cierre de negocios, e incrementado el consumo de drogas altamente perniciosas como el “Kristal” entre los jóvenes.
Peña Nieto siguió esa misma estrategia fallida con peores resultados aún, según las cifras de homicidios dolosos, desplazados, desaparecidos, cuerpos localizados en fosas clandestinas y ahora hasta el vergonzoso traslado de cientos de cadáveres en tráileres con refrigeración en Jalisco, con lo que cierra su sexenio.
Era lógico que eso ocurriera y siga ocurriendo. El Ejército no está preparado para fungir como policías. Su función de conformidad con la norma constitucional es otra: salvaguardar la seguridad nacional y brindar apoyo a la población en casos de desastre.
La prevención del delito y la violencia, persecución y detención de quienes incurren en ellos para ponerlos a disposición de los órganos de procuración de justicia y del Poder Judicial, es tarea y responsabilidad de las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno, quienes a su vez deben velar por la tranquilidad, la paz y la justicia de sus gobernados.
La participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, ha deteriorado su imagen y prestigio. No son pocos los casos en que han sido denunciados tanto de estar involucrados con los cárteles de la droga, como en graves violaciones de los derechos humanos como en el caso de Ayotzinapa, Gro., por ejemplo, que les ha valido denuncias ante la justicia no sólo de los organismos nacionales sino también internacionales.
Es por ello que las Fuerzas Armadas han buscado insistentemente que se les otorgue certeza jurídica, o que se les regrese a sus cuarteles.
Los poderes Legislativo y Ejecutivo hoy salientes, optaron por la primera opción, esto es, darle certeza jurídica al Ejército con la aprobación y promulgación de la Ley de Seguridad Interior que, reitero, no tiene sustento constitucional.
¿Qué va a ocurrir? Desde mi punto de vista la ley en comento va a seguir en el limbo. Por lo que se percibe, la Suprema Corte de Justicia no tiene prisa ni interés en pronunciarse en pro o en contra.
Ello no significa en modo alguno que el próximo presidente de la República y el Poder Legislativo se queden cruzados de brazos. López Obrador ha sido cauto en torno al tema. Podría aprovechar el vacío constitucional y regresar a las fuerzas armadas a sus cuarteles. No lo va a hacer. Está consciente de que la crisis de inseguridad y violencia que vive México, se agravaría aún más si se retira el Ejército.
En lo que a mí corresponde es una decisión sensata, siempre y cuando apriete cuerdas en el deficiente y corrupto sistema de seguridad pública y procuración de justicia y, a la par, como jefe máximo de las fuerzas armadas ponga orden y convenga con los Secretarios de la Defensa Nacional lineamientos puntuales y transparentes, tanto en lo que se refiere a las tareas que les corresponden como en materia del respeto a los derechos humanos. Eso por una parte.
La otra, que para mí la más sensible e importante, es poner como eje de la estrategia del combate al crimen organizado la justicia y reparación del daño a las víctimas de este cáncer, atender no sólo los efectos de la inseguridad y la violencia, sino sobre todo sus causas, que no son otras que las de la pobreza, marginación, desigualdad, falta de educación y también de la corrupción e impunidad.
Para cerrar. Espero que con firmeza y determinación deje de lado el Plan Mérida promovido por EEUU que tanto daño ha causado a nuestro país.
Ya basta de que ellos pongan las estrategias fallidas y nosotros los muertos, como bien dijo un agente de la Comisión de Seguridad Estatal de Chihuahua al Fiscal del Estado y su jefe, tras el asesinato a mansalva en la sierra de 6 de sus compañeros por un grupo de 40 sicarios con armas de alto poder y vehículos blindados.