Guillermo Fabela Quiñones
Apuntes
El secretario de Seguridad del gobierno federal, Alfonso Durazo, en días pasados presentó un informe que tituló “Quién es quién en seguridad”, en el que da cuenta que el año 2019 ha sido el que presenta la cifra más alta en materia de homicidios dolosos: 34 mil 597. Es de esperar que sea el fin de la curva inercial de un proceso de descomposición que se agravó con la toma del poder por la tecnocracia reaccionaria.
No es tarea fácil recomponer una realidad tan dramática como la que hemos vivido en cerca de cuatro décadas, pero mucho se podrá lograr en este sexenio si el presidente López Obrador no afloja el paso en la carrera por cortar el oxígeno que da vida al proceso de ingobernabilidad que sólo se pudo frenar al evitarse que las cúpulas del PRI y del PAN, ligadas a mafias delictivas, continuaran al frente de las instituciones del Estado.
No debe ser coincidencia que las entidades federativas donde se mantienen cotas altas en la incidencia de homicidios dolosos e inseguridad, sean gobernadas por funcionarios que no dan importancia a las tareas de coordinación con el gobierno federal en este renglón vital, como en Guanajuato, con Sinhué Rodríguez, y en Chihuahua, con Javier Corral, ambos del PAN. Con los gobernadores de Querétaro, Nayarit y Campeche, suman los cinco con mayor inasistencia a las juntas de coordinación, como informó el propio mandatario.
Las tareas de combate a la inseguridad no deben politizarse, pues se trata de una prioridad del Estado en su conjunto que compete a todos, independientemente del color de los partidos. No es fortuito tampoco que los estados donde los delitos han venido a la baja en este año sean aquellos cuyos gobernadores tienen más participación en las tareas conjuntas sobre el tema con un sentido federalista. Lo contrario en el caso de los gobernantes de Guanajuato y de Chihuahua, quienes se jactan de no haber asistido una sola vez a las reuniones convocadas por el secretario Durazo.
Con ese espíritu sectario, o como quiera llamársele, no se puede avanzar en una tarea de por sí compleja que contribuye a la desazón que se vive en algunas partes del país, en detrimento del esfuerzo que está desplegando el nuevo régimen por frenar las causas estructurales de la descomposición social. En la etapa neoliberal se actuó con una orientación divisionista y excluyente, por eso es vital actuar con un sentido incluyente, como lo está haciendo el presidente López Obrador, sin sectarismos ni amarrando navajas.
La lucha contra la inseguridad es un asunto de Estado, no de partidos, y no entenderlo conlleva los riesgos que están padeciendo los pueblos de Guanajuato y Chihuahua, principalmente. La sociedad mayoritaria tiene plena conciencia de que la violencia, en este momento, es consecuencia de la desatención que los conservadores le dieron a los problemas sociales en las cuatro décadas anteriores, así que pierden su tiempo quienes en su cerrazón sectaria quieren echar la culpa al gobierno de López Obrador.
¿No se frenó el crecimiento y el desarrollo en el sexenio de Miguel de la Madrid? ¿No empezaron los crímenes políticos en el de Carlos Salinas? ¿No perdió el régimen su fuerza social en el desgobierno de Ernesto Zedillo cuando se urdió el Fobaproa? ¿No se aceleró la corrupción con el PAN en el poder y culminó a todo lo que dio durante la frivolidad del de Peña Nieto?
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