Por Cristina Híjar González
“La memoria por sí sola es nostalgia llorosa, organizada para sostener la lucha es garantía de victoria”, dijo Alberto Híjar hace tiempo. Justo se trata de esto, a propósito de lo acontecido el pasado lunes 10 de junio con la inauguración del primer “Sitio de memoria: Verdad, Memoria, Justicia, Reparación y No Repetición” en Circular Morelia 8, Col. Roma, proyecto promovido por la Dirección General de Estrategias para la Atención de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, con sede en dicho edificio que hasta finales de los 70 albergó a la Dirección Federal de Seguridad que implementó ahí un centro clandestino de detención y tortura. El sótano alberga hoy un museo de sitio que da cuenta de lo que ahí sucedía con documentos, fotos y testimonios; el proyecto incluye también un memorial virtual y una página web. Incluso, Alejandro Encinas le dijo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México que seguirían los sótanos de Bucareli, Tlaxcoaque, el Campo Militar #1 y la Base militar de Santa Lucía porque existe una “obligación por la verdad”.
Con esta iniciativa fue más que evidente que la memoria histórica está en disputa y podría reducirse a dos posiciones enfrentadas. Por un lado, existe el reconocimiento simbólico por parte del Estado a los agravios cometidos contra militantes y luchadores sociales durante el mal denominado período de la “guerra sucia”, que en realidad fue terrorismo de Estado. “Nunca más” dijo AMLO al presentar el proyecto y agregó que no habrá impunidad y sí castigo a los responsables; “no hay carpetazo” en este doloroso y pendiente asunto. Esta encomienda a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, se manifestó, ya en el acto en Circular Morelia conducido por José Reveles, en el breve documental presentado bajo el título de “La herencia más dolorosa”, al que siguieron las intervenciones de Félix Santana, Encinas y Olga Sánchez Cordero, como representantes del Estado mexicano, que hablaron de reconocimiento, “homenaje a los sobrevivientes” y “políticas públicas para la paz y la reconciliación” como la implementación de una serie de programas nacionales de búsqueda, de exhumaciones, de desplazamiento forzado, contra los feminicidios y la trata de personas. “La imagen de la Secretaría de Gobernación está cambiando”, antes dedicada a la desaparición de personas y de sus ejemplos de vida, afirmó la Secretaria Sánchez Cordero. Alguno de los funcionarios acabó refiriéndose a “la memoria como arma cargada de esperanza y de futuro”. Con esta última frase, y seguramente sin querer, apeló a la memoria histórica como la entendemos de este lado de la cancha.
En el otro lado, estuvieron las intervenciones de Martha Alicia Camacho Loaiza, venida de Sinaloa para testimoniar la ejecución extrajudicial de su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga y el secuestro y torturas sufridas por ella, dio a luz estando presa, en 1977, ambos miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre, y de Alberto Híjar Serrano, miembro de las Fuerzas de Liberación Nacional, y quien estuvo desaparecido en Circular Morelia 8 antes de ser presentado en Lecumberri en 1974.
Martha Alicia, quien portaba la foto de José Manuel, no sólo dio testimonio de la represión sufrida sino de las exigencias vigentes. Precisó que su caso y la ejecución de su esposo, está ampliamente documentada, que ella proporcionó nombres y direcciones de los responsables y que no ha ocurrido nada. Mismo caso de cientos de madres y familiares en búsqueda de sus hijos e hijas, esposos y esposas, amigos y amigas a los que “la reparación no les llega”. Reclamó, con toda la autoridad moral, la ausencia de la justicia y de la verdad, por ejemplo, al mencionar que ya va el quinto Comisionado en Atención a Víctimas.
Por su parte, Alberto Híjar, con una bolsa impresa colgando al cuello, que no se quitó nunca, con un grabado y la frase: ¿Dónde están nuestros hijos?, reivindicó esta otra historia de México, este aporte a la construcción de la nación abajo y a la izquierda, desde las rebeliones indígenas en la Colonia y hasta la fecha. Precisó que si ahora hay un reconocimiento simbólico del Estado es por la larga y tenaz lucha de grupos, colectivos y organizaciones por más de 40 años y hasta el día de hoy. Mencionó las masacres históricas, a compañeros ausentes asesinados, a las acciones por la memoria realizadas al margen de los gobiernos y el Estado, como los antimonumentos o la misma placa recolocada en marzo pasado ahí mismo en Circular Morelia tras su brutal destrucción apenas horas después de su primera colocación. Apuntó a la grave responsabilidad que estaba asumiendo el Estado mexicano con este acto “para no reducirlo a simbolismo hueco”, es decir, la necesidad de llevar a cabo todas las acciones necesarias para, en serio, lograr la verdad y la justicia. Concluyó: “Ni perdón ni olvido. Castigo a los asesinos. Libertad y consulta de expedientes y archivos. Fin al fuero militar de hecho. La lucha sigue.” Mientras, y en especial en estas dos participaciones, se gritaban consignas. No resulta extraño que los medios de comunicación oficiales dieran breve cuenta de lo acontecido omitiendo este lado y el contenido de estas dos intervenciones.
Todas las formas de lucha es una consigna orientadora que implica ocupar y apropiarse de espacios, alzar la voz, decir lo justo y necesario. Esto es lo que ocurrió en este acto con las participaciones de Martha Alicia Camacho y de Alberto Híjar y así debe entenderse. Estuvieron ahí no para “homenajes” o como simple y pasivos testigos de un acto frente al que tenemos todas las reservas del mundo. La plana mayor de los funcionarios del Estado mexicano, empezando por el Presidente, tuvieron que escuchar las justas demandas y las reservas y límites de este reconocimiento simbólico pero también la reafirmación de que habemos quienes no bajamos las manos ni abandonamos la lucha. Porque la memoria aislada y estéril no sirve para nada si no se acompaña por verdad y justicia, por castigo a los responsables, única “reparación del daño” posible. Así lo asumimos quienes estuvimos ahí repartidos entre los “invitados especiales”: ex guerrilleros, sobrevivientes, doñas de los 70 con los retratos de sus desaparecidos, luchadores sociales, padres y madres de Ayotzinapa, el Comité 68, investigadores, trabajadores del arte y la cultura. Nos toca a quienes queramos asumirlo, el futuro de estos sitios de memoria.
Esto no se acaba hasta que se acaba y falta mucho por hacer. Ahí están los miles de desaparecidos y desaparecidas sólo buscados por los más de 65 colectivos y grupos en más de 20 estados de la República; los periodistas asesinados, 8 en este sexenio; los defensores de la tierra y sus recursos asesinados por el crimen organizado que incluye a los grandes empresarios y a los megaproyectos devastadores en curso; los presos políticos, los feminicidios imparables, los secuestros y la larga lista de agravios sociales vigentes. Coincidimos con una ex guerrillera que afirmó en el Coloquio “La Tinta y el Fuego”, que la impunidad imperante tejió su institucionalidad, por algo no está instalada la pospuesta Comisión de la Verdad para Búsqueda de Desaparecidos exigida por el Comité Eureka; no ha operado el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas; no se ha nombrado Fiscal para Ayotzinapa, no existen políticas y programas públicos que rebasen las iniciativas de los memoriales, es decir, apertura de los archivos cerrados, la preservación de los lugares y sitios como escenas de actos criminales de Estado y las investigaciones históricas, documentales y forenses indispensables, y suma y sigue. Lejos estamos de experiencias como la argentina que desde inicios de los 80 empezó a recorrer un largo y duro camino para que en 2005 iniciaran los procesos y causas judiciales y en 2007 los juicios a los genocidas y criminales, juicios de casos individuales y colectivos que para 2017 llevaban 921 condenas. Allá, presidentes van y vienen pero este proceso no tiene marcha atrás. Memoria, verdad y justicia son inseparables, sólo así podremos hablar de “reparación” y “no repetición”. Sólo así.
Disputa entre la memoria embalsamada, remota, de un pasado lejano contra la memoria ejemplar que tiende los justos e indispensables vínculos entre pasado, presente y futuro, memoria operante y viva que exige acciones constantes de reclamo y no bajar la guardia. Alguna vez me dijo mi papá, Alberto Híjar, que no se debe vivir del currículum sino del trabajo diario, de las acciones concretas, del servicio colectivo, de los vínculos y relaciones sociales solidarias y amorosas tejidas todos los días en la construcción de lo común, tal como lo ha hecho en sus 83 años de vida y, por supuesto, que la lucha sigue y sigue.