Jorge Lara Rivera
13 años luego de las valerosas ‘marchas de los pingüinos’ (estudiantes de secundaria, motejados así por sus uniformes) o ‘Revolución Pingüina’ de 2006 (inicio de un movimiento estudiantil que marcó el momento álgido de su contribución al retorno de la democracia, pero que dramáticamente ha venido repitiéndose con otros actores todos estos años) a que se sumaron preparatorianos, universitarios y docentes para desafiar la draconiana privatización de la educación pública chilena forzada por el dictador Augusto Pinochet –pero aplicada en gobiernos sucesores, incluido el de Michelle Bachelet– afrontando la violenta represión de los ‘carabineros’ cuyo saldo fueron miles de muchachos golpeados, detenidos, y daños millonarios; este 1º de julio las calles de Santiago, la capital nacional, y diversas urbes a lo largo y ancho del país andino fueron ocupadas ahora por maestros partícipes del paro nacional anunciado desde fines de mayo como huelga general indefinida para el 3 de julio en rechazo a las duras condiciones impuestas a su profesión por el neoliberalismo, para que se regularice el pago de bono de retiro cuyo ya increíble retraso impide jubilarse a los profesores y renovar la planta docente; obtengan la titularidad de horas de extensión, se ponga fin a la injusta (son los únicos profesionales titulados a quienes aplica) evaluación docente, la Historia no sea materia optativa, se garantice la seguridad de los maestros en las aulas, se pague los diferenciales y la mención a las educadoras de párvulos, termine la nefasta injerencia municipal que controla las escuelas como si fueran empresas que tanto daña la calidad de la enseñanza, el agobio –acoso– laboral a los maestros, etc.
Se trata de una escalada que crece peligrosamente. Profesores y alumnos se han manifestado juntos. Las mentadas ‘competitividad’, ‘productividad’ y ‘eficiencia gerencial con valores empresariales’ para el ‘desarrollo’ socioeconómico prometido a la nación chilena quedan así desenmascarados, mostrando ineficiencia, insensibilidad y fracaso del modelo económico privatista de los servicios públicos que –fementidos– Juan Pardinas Carpizo, Claudio X. González Guajardo y Sergio Sarmiento tanto festinan en los muchos canales del duopolio Televisa/Azteca, insistiendo en retomarlos para México.
Bachelet, víctima de tortura durante la represión por la dictadura militar de Pinochet, llegó a la presidencia de la república como una izquierdista demócrata, pero el desencanto por su desempeño excesivamente ‘light’, al grado de ni siquiera intentar atenuar las agresivas consecuencias de las reformas, propició el retorno del conservador Piñera.
Este 4 de julio el paro docente alcanzó niveles de enfrentamiento en varias regiones (Temuco y Concepción) de Chile entre carabineros y maestros apoyados por estudiantes y las conversaciones entre las partes están rotas. La mención del asunto viene a cuento porque, sin embargo de las cautelosas declaraciones de la ex presidenta Michelle Bachelet, ahora en su nuevo empaque de Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, durante su reciente estadía en Venezuela, el reporte oficial que hizo al organismo internacional sobre la observancia de los derechos humanos en el país suramericano (“existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales en Venezuela” como parte de una estrategia destinada a “neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política”) ha resultado “incomprensible” su contenido, “dominado por una visión selectiva y parcializada; un escrito carente de rigor científico, con graves errores metodológicos, y que parece un calco de informaciones anteriores” según el gobierno bolivariano, el cual exigió “la corrección de su contenido” y reclamó “una actuación ponderada y respetuosa de su Oficina”.
Por voz de William Castillo, viceministro de Asuntos Exteriores venezolano, Caracas planteó 70 observaciones al Informe el cual “ignora casi en su totalidad la información aportada por el Estado y sólo toma en cuenta la obtenida de voceros de la oposición y fuentes de prensa”, ya que 82% de las opiniones vertidas en que se basa aquél se hicieron en el extranjero, pues 460 (de las 558 entrevistas hechas) tuvieron lugar fuera del país. En su visita hace menos de un mes que “abrió un canal de comunicación entre Venezuela y la Oficina de la Alta Comisionada”, Bachelet y el equipo de la ONU tuvo libre acceso a la información y se le puso al tanto de modo pormenorizado de las políticas públicas y el modelo de protección social vigente desde 1999; recibió denuncias de diferentes grupos de víctimas; constató los problemas existentes y se enteró de los esfuerzos del Estado por resolverlos.
Precediendo su divulgación mediática a la celebración del Día de la Independencia nacional, ensombreció el festejo; no obstante, al día siguiente, Bachelet refirió en Ginebra, Suiza, sede de la Alta Comisión, su optimismo a los medios pues la liberación en semanas precedentes de 80 detenidos refuerza su confianza en que las autoridades atiendan las recomendaciones hechas con respecto a las garantías fundamentales en el país y que el gobierno de Nicolás Maduro parece dan muestras de un nuevo compromiso en la materia. Aunque Caracas pone en tela de juicio la objetividad del documento que omite información proporcionada por el Estado, ha dicho que aceptará las recomendaciones constructivas formuladas “para apuntalar el estado social de derechos y justicia”.