Creíamos que ahora las formas de intromisión en los asuntos internos de otros estados serían más sofisticadas, que guardarían las formas, que serían menos evidentes. Pero no. Por el contrario, ahora se hace de una manera zafia, ordinaria, a las patadas.
No había terminado la juez de leer el sentido del fallo que considera al expresidente Álvaro Uribe culpable de los delitos por los cuales está siendo juzgado -soborno en actuación judicial, manipulación de testigos y fraude judicial- cuando ya el gobierno de Estados Unidos se estaba manifestando en contra como si tuviera velas en ese entierro.
Pero a la hora de la verdad era previsible; ya se habían manifestado en contra del proceso al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, a quien se le sigue un juicio por intento de golpismo. La razón es absurda: “(él y su familia) han sido fuertes socios de Estados Unidos”, lo cual es un asunto de ese país, que tiene libertad de escoger a sus amigos, no de Brasil. Y agrega una amenaza: “Voy a estar muy atento a la caza de brujas contra Jair Bolsonaro, su familia y miles de sus seguidores”. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se manifestó inmediatamente en contra, exigiendo respeto a la independencia de Brasil: “La defensa de la democracia en Brasil es un tema que compete a los brasileños. Somos un país soberano”, dijo.
Álvaro Uribe es el equivalente de Bolsonaro en Colombia: de extrema derecha, con simpatías es una gran parte del electorado, con poco apego a las exigencias de la ley y una gran simpatía por los Estados Unidos. Hay que recordar que cuando Estados Unidos anunciaba su invasión a Afganistán, Álvaro Uribe dijo (cito de memoria) “para qué van a ir tan lejos teniéndonos a nosotros aquí cerquita”, lo cual no tiene otra interpretación que la invitación a invadirnos. Así de burda.
Ante su condena en primera instancia -tiene todavía posibilidad de apelar en el Tribunal Superior de Bogotá y luego, si viene al caso, en casación ante la Corte Suprema de Justicia- el inefable secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo que esa declaración de culpabilidad “sienta un precedente preocupante” y agregó: “el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria”. Seguramente será apoyado por Bernardo Romero, un senador de origen colombiano que se hace llamar Bernie, muy cercano también a la posición de Uribe.
No quisiéramos volver a los años 90, cuando era presidente Ernesto Samper Pizano y el embajador de Estados Unidos, Myles Frechette, pontificaba sobre política interna colombiana con la complacencia -hay que decirlo- de buena parte de los políticos colombianos y personajes de la vida nacional que, con tal de atacar al presidente, hacían causa común con el representante de otro Estado.
A Samper y a buena parte de los funcionarios de su Gobierno les retiraron la visa a Estados Unidos como castigo. Cuando ya había salido de la embajada, con más libertad para opinar que cuando era funcionario, dijo que la desmovilización que Uribe hizo de los paramilitares “era un chiste… (que entregaron) rifles que eran nuevos en la época de Napoleón (Bonaparte), que fue un montaje que Washington se tragó entero, que no quisieron escuchar sus preocupaciones sobre él”.
Ahora, ante la indebida intromisión, respaldada por la embajada norteamericana en Colombia, el presidente Gustavo Petro les solicitó “encarecidamente no entrometerse en la Justicia de mi país”; le recordó a Estados Unidos “los esfuerzos que los funcionarios de la rama judicial han hecho para defender los intereses de ese país en temas como el narcotráfico y los grupos ilegales” y cómo muchos jueces y fiscales han sido asesinados por ayudar a ese país ante el flagelo de esos delitos para que ahora reciban el pago de acusarlos de falta de probidad. En consonancia con su posición política no se dirigió solo a Rubio, ni a la embajada ni al presidente Donald Trump, sino que les pidió “a las asociaciones de jueces y trabajadores del Poder Judicial de Estados Unidos solidarizarse con la Justicia colombiana, hoy agredida por un país extranjero”.
Sentada ya su correcta y justificada protesta, tenemos que concentrarnos ahora en lograr que el país no se desborde en un brote de violencia entre simpatizantes y contradictores del expresidente Uribe, que sería aprovechado por las organizaciones armadas ilegales que han sido tan renuentes a aceptar caminos de diálogo para su desmovilización. Son organizaciones que dejaron de ser políticas en el sentido de que no tienen ideales por los cuales luchar, pero tienen control del narcotráfico en las zonas que dominan y son un factor permanente de crispación. Ya lo dijo Iván Cepeda, el denunciante en este proceso, quien en lugar de ufanarse de su triunfo clamó porque “el caso de Uribe puede ser un punto de inflexión para construir un acuerdo nacional.” Ese debe ser el propósito del momento.