Por Karina Carrión
COZUMEL, 18 de enero.- Integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Cozumel, se pronuncian en rechazo total de las reformas realizadas a la Ley de Bebidas Alcohólicas que aprobó el Congreso del Estado, toda vez que consideraron que están siendo tratados con la punta del pie y no como desarrolladores del destino como parte de la iniciativa privada.
Sin embargo, María José López Castillo, dirigente del gremio en la localidad, aseguró que primeramente buscarán un diálogo con Carlos Joaquín González, gobernador del Estado, porque los integrantes de Canirac Quintana Roo, buscaron una reunión con Eduardo Arcila, diputado presidente de la Gran Comisión, quien tajantemente les dijo que “el municipio les está robando”, haciendo alusión al cobro de horas extras que se habían estado brindando a los empresarios, por lo que la respuesta de la entrevistada fue que “¿y entonces ahora el Estado nos quiere robar?, porque con sus palabras, es lo único que nos dio a entender al querer culpar a los gobiernos municipales de esta situación”, mencionó.
Es por ello que optamos por solicitar una reunión con el mandatario estatal y en caso de no poder llegar a un acuerdo en beneficio de los agremiados, nos vamos a ir por la vía legal y con todas las instancias a las que tengamos que acudir, así lo consideró la entrevistada.
“Y ¿qué es lo que pretenden hacer?, la delincuencia que estamos viviendo está rebasando los límites, cuando el responsable de lo que está sucediendo en nuestro estado y en nuestro municipio es el gobierno. Entonces, como parte de nuestra postura es siempre preservar el diálogo. El diputado Eduardo Arcila, no es empresario y desconoce todo lo que está perjudicando porque hasta el momento hay más de 8 mil 620 negocios del gremio que se están viendo afectados con esta reforma que tiene muchos puntos que lesionarán a nuestro destino, aunque pareciera que no”, dijo.
Entre algunos de los puntos, se resalta la imposición del pago de horas extras modificadas, suspensión de licencias por actos ajenos a los empresarios, pero que ocurran dentro o a escasos metros del negocio, por referir algunos de los puntos con los que no están de acuerdo los empresarios restauranteros que aseguraron, “además todo dependerá del Estado y no de los municipios, lo que además de facilitar las peticiones, también generaba beneficios de ingresos que se supone, se reflejaban en acciones en materia de seguridad, por lo que podrían recurrir al amparo para evitar la ejecución de esta ley sobre sus negocios, dijo López Castillo.