De la Redacción
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, 24 de enero.- Se podría agravar la narco-violencia en la emblemática Quinta Avenida controlada por el crimen organizado, toda vez que desde la semana pasada se encuentran inoperantes las más de 100 cámaras de videovigilancia colocadas en el “corazón” turístico de este polo vacacional y manejadas por el C-4 bajo la responsabilidad de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP), porque no se ha pagado la póliza de servicio a la empresa contratada, ya que, esta importante infraestructura tecnológica que tiene entre otras funciones manejar el número de emergencias 911, fue entregada en comodato al Gobierno del Estado por la ex alcaldesa Cristina Torres Gómez en la recta final de su administración, aunque el sueldo de los que ahí trabajan es pagado por el Ayuntamiento de Solidaridad.
El C-4 es un organismo de inteligencia que se encarga de brindar auxilio a la ciudadanía, mediante el número de emergencia 911 y la llamada anónima 089. Tiene comunicación y trabaja de la mano con los diferentes órdenes de gobierno, armonizando esfuerzos entre la Policía Municipal, Estatal, Federal e incluso la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El monitoreo permite que, al momento de una emergencia, las bases de datos arrojen información de inmediato y se conozca la geografía del conflicto por medio de las videograbaciones.
Desde la semana pasada las más de 100 cámaras de videovigilancia colocadas estratégicamente a lo largo de la Quinta Avenida, con las cuales el personal del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C-4) monitorea los movimientos de sujetos sospechosos que pudieran cometer alguna acción delincuencial, principalmente de los grupos delincuenciales que tiene sentado sus reales en el “corazón” turístico, se encuentran fuera de servicio dejando “ciega” a las autoridades en sus labores de prevención del delito, lo que parece no importarle a Jesús Alberto Capella Ibarra, titular de la SESP.
Como se recordará la Quinta Avenida, recorrido por la mayoría de los más de 4 millones 500 mil turistas que anualmente visitan este polo vacacional dejando ingresos para el país por más de 3 mil millones de dólares, se encuentra bajo el control del crimen organizado desde el año 2013, para la venta de droga y extorsiones principalmente, y en disputa entre organizaciones rivales desde hace dos años, siendo escenario de sangrientas ejecuciones, incluso a plena luz y en medio de los visitantes, causando un grave daño a la imagen del destino, al exhibirla como insegura, por lo que se considera un acto de negligencia criminal que las autoridades estatales tengan inoperantes las cámaras de videovigilancia.
Finalmente, en lo que se considera un acto de mala fe y de venganza política por perder la reelección la ex presidenta Cristina Torres Gómez de la alianza PAN-PRD, una semana antes de que concluyera su gestión (29 de septiembre) y entregar la administración a la entonces alcaldesa electa Laura Beristain Navarrete del partido Morena; la mañana del viernes 21 de septiembre de 2018, en la vigésima sexta sesión extraordinaria de Cabildo, propuso entregar en comodato al Gobierno del Estado de la misma coalición partidista la operación del C-4 hasta el 2021, a solicitud del propio ejecutivo Carlos Joaquín González, siendo aprobado con 15 votos a favor y el sufragio en contra del síndico Juan Carlos Beristain Navarrete.