Por Eva Murillo
El permiso de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en el que las autoridades ambientales federales se basan para autorizar o rechazar un proyecto que pone en riesgo el medio ambiente, es una herramienta obsoleta y que ya fue rebasada por las exigencias ciudadanas, pero al mismo tiempo tienen la presión de los desarrolladores que buscan lograr su objetivo.
Jorge Escobar Martínez, presidente de la Federación Mexicana de Colegio de Biólogos, la cual fue constituida este miércoles, reconoció que este recurso para medir los impactos ambientales, además de ser obsoleto, no exige los conocimientos y el compromiso ambiental que debe tener el consultor que las realiza.
“Las manifestaciones (de impacto ambiental) como instrumento metodológico ya no están acordes a las demandas de la sociedad, la presión de los proyectos sobre los recursos naturales y los procedimientos de evaluación”, aseguró.
Además, actualmente el consultor, a pesar de que sabe que un proyecto no es viable, crea la MIA ofreciendo condicionantes para mitigar el daño, pues él debe atender las exigencias de quien le paga, o sea el desarrollador, dijo.
“Nosotros cuestionamos la herramienta de Manifestación de Impacto Ambiental porque es una herramienta obsoleta, porque presume de ser predictiva pero no está calibrada con los mejores elementos y conocimientos científicos”, remarcó.
Advirtió que el consultor que realiza los estudios sobre los impactos ambientales que va a provocar una construcción debe comprometerse a usar su conocimiento en materia ambiental, pero si no es así y nadie lo exige, entonces quien diseña la MIA, hará un trabajo alineado a quien le paga.
“Como dicen por ahí, el que paga manda, entonces terminan por generándose evaluaciones de Manifestación de Impacto Ambiental, que como tienen en común una característica, pues resulta que el evaluador ambiental, en lugar de decir que (un proyecto) no es viable ambientalmente, le pone: sí es viable pero con estas condicionantes”, explicó.
Criticó que nadie, ni siquiera la autoridad, revisa las condicionantes como una acción preventiva, partiendo de que si desde primera instancia el proyecto no es viable se le pone “crucecita” y si lo es, entonces evaluarlo con medidas de mitigación.
“La función de los colegios o federación (de biólogos) es establecer reglas de ética y moralidad para que desde la sociedad, que es la que ya está demandando que las cosas se hagan bien, se produzcan instrumentos que digan de que tamaño es el riesgo de impulsar proyectos evaluados defectuosamente”, recalcó.