Por Miguel Ángel Fernández
CHETUMAL, 16 de agosto.- En sesión de pleno realizada en la Escuela Judicial, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, José Antonio León Ruíz, rindió su Segundo Informe de Actividades, al tiempo que expresó el compromiso del Poder Judicial de sumarse a las acciones para mejorar la seguridad, con la convicción de que se puede establecer el orden en Quintana Roo al hacerle frente a la impunidad y a la delincuencia, por lo que destacó el incremento de las vinculaciones a procesos y las declaraciones de legalidad de las detenciones respecto al año anterior, como un avance en la implementación del nuevo sistema de justicia penal.
León Ruíz entregó el Informe que guarda la Impartición de Justicia, así como de las actividades del Consejo de la Judicatura, que da cuenta de las acciones desarrolladas en el segundo año de ejercicio, las cuales se orientan a mejorar y optimizar la impartición de justicia en la entidad, para seguir construyendo un Poder Judicial moderno, humano y cercano a la sociedad, ante los magistrados numerarios que forman el pleno, contando con la presencia del gobernador del estado, Carlos Joaquín González, como invitado especial.
Ante el mandatario y los magistrados, el presidente del Tribunal Superior de Justicia aseguró que “tenemos el compromiso pleno de sumarnos a las acciones que ha emprendido el gobernador del estado, mejorando la seguridad y disminuyendo la incidencia delictiva”, al mismo tiempo que refrendó el compromiso de formar “un Poder Judicial moderno, humano y cercano a la gente, contribuyendo todos en la construcción de un Quintana Roo más próspero y seguro”.
En ese sentido, destacó que en el primer semestre del año, en los Distritos Judiciales de Cancún y Solidaridad se han calificado de legal 232 detenciones, lo que equivale a un incremento del 301% respecto del ejercicio anterior. De igual manera, en este periodo se dictaron 348 vinculaciones a proceso, mismas que representan un incremento del 218% con relación al ejercicio anterior.
También enfatizó los avances en el Programa de Abatimiento de Rezago en Materia Penal tradicional, sobre los que refirió que en su inicio en noviembre de 2017, “nos enfrentábamos a una situación crítica: el 74 % de la población privada de su libertad de Cancún y Playa del Carmen no contaba con una sentencia. En el periodo que se informa se dictaron ya 522 órdenes de aprehensión, 292 cierres de instrucción, y 714 sentencias”.
Destacó en el informe el total de juicios iniciados en los Juzgados de Primera Instancia, de los sistemas tradicional y oral, ascendió a la cantidad de 24 mil 308 asuntos: 5 mil 910 correspondieron a la materia civil; 4 mil 197 mercantil; 12 mil 495 familiar; y un mil 706 en materia penal.
Del total de esos asuntos, 9 mil 995 correspondieron al sistema tradicional y 14 mil 353 al sistema de justicia oral, el cual representa cerca del 60 % de los asuntos radicados en primera instancia.
Respecto de la segunda instancia, se radicaron 2 mil 6 asuntos, todos en las salas especializadas del Tribunal Superior de Justicia, de los cuales 808 correspondieron a las materias civil y mercantil, 349 a la familiar y 713 a la penal.
“Es importante destacar que en el presente ejercicio judicial, el 97 % de los asuntos que se atendieron en segunda instancia fueron resueltos gracias al compromiso de las y los magistrados, lo cual implica un incremento del 14 % respecto del periodo anterior”.
En otro ámbito y derivado de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Consejo de la Judicatura expidió el reglamento para acceder al cargo de juez de Primera Instancia mediante concursos internos de oposición y, a través de ello, el Poder Judicial cuenta con reglas más claras y fortalece los procesos de selección, pues consideró que la justicia requiere de mujeres y hombres con alta formación profesional, experiencia y empatía con las necesidades de la sociedad.
Aseguró que la resolución de un litigio no implica necesariamente la solución de un conflicto, y bajo la premisa de que la mejor justicia es la que construye puentes y genera el restablecimiento del tejido social, el Eje Justicia Alternativa y Cultura por la Paz ha incorporado acciones para optimizar el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias.
También hizo notar que la participación del Instituto de la Defensoría Pública ha sido determinante, y que se llevaron a cabo 855 visitas a las personas privadas de su libertad en los centros de Cancún y Playa del Carmen, a efecto de dar impulso procesal a las causas penales.
Mencionó que en el eje mejoramiento del entorno judicial se ha dado continuidad al Programa Permanente de Capacitación y Profesionalización, que ha beneficiado a 3 mil 971 servidores públicos y profesionales vinculados a la impartición de justicia.
Asimismo, agregó que con el aval de la Secretaría de Educación del estado, inició al ciclo escolar de la Primera Generación de la Maestría en Derecho Judicial, con una matrícula de 86 participantes en las ciudades de Chetumal y Cancún, y con esto Quintana Roo se incorpora al grupo de instituciones judiciales que han generado su propio programa de posgrado.
Por otra parte, León Ruíz mencionó que para elevar el estándar de calidad del servicio público, se realizó la conservación de los Juzgados Penales Orales de los Distritos Judiciales de Chetumal, Cancún y Tulum, para adecuarlos a los protocolos de seguridad correspondientes.
De igual manera, agregó que el interés superior de la infancia es un principio rector que obliga a todas las autoridades, en sus respectivos ámbitos de competencia, a procurar la tutela y protección de niñas y niños, a fin de que plenamente se desarrollen en la sociedad, por ello la convivencia familiar supervisada de niñas y niños con sus padres debe procurarse en un ambiente amigable y lúdico, que sea acorde con su integridad.
Informó que con el apoyo del titular del Ejecutivo del estado, y de las y los diputados integrantes de la XV Legislatura, fue posible la apertura de un nuevo Centro de Convivencia Familiar Supervisada en la ciudad de Chetumal, mismo que ofrece un modelo de interacción entre los convivientes, acorde con esta visión progresiva de los derechos de la niñez.
“A la fecha se está concluyendo también el nuevo Centro de Convivencia en la ciudad de Playa del Carmen; y de igual manera en la ciudad de Cancún, con el apoyo del Ayuntamiento de Benito Juárez y su presidenta, se logró la donación de un predio para la construcción de un nuevo Centro de Convivencia de conformidad con los protocolos nacionales de la materia”.
Por otra parte, destacó que se siguen implementado medidas administrativas que permiten ofrecer a la sociedad una mejor atención y un menor tiempo de espera en sus resoluciones, atendiendo el reclamo ciudadano de asumir un papel más vigoroso, haciendo frente a la impunidad y la delincuencia.
Sostuvo que volver al orden sigue siendo la divisa del Programa de Impartición de Justicia, orden que se traduce en respeto institucional; convivencia sana; atención cordial; trabajo responsable y profesional.
“Una impartición de justicia eficaz es la mayor garantía para el ejercicio de nuestras libertades, libertad para vivir en armonía, para emprender nuevos negocios, para progresar y ofrecer a nuestros hijos una mejor educación y calidad de vida; libertad para disfrutar de la riqueza natural que nos distingue y que ha hecho de nuestra entidad el destino de clase mundial que tanto nos llena de orgullo”, señaló.
Asimismo, el magistrado presidente del Poder Judicial de Quintana Roo aseguró que el compromiso es dotar a la justicia de un nuevo rostro.
“En este compromiso reconocemos el trabajo en conjunto con la legislatura, y, sobre todo, el respaldo y respetuosa coordinación con el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, y por ello, unidos en un propósito común, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura han conducido sus actividades hacia un ámbito más eficiente y racional, el cual garantiza el fortalecimiento ordenado de la impartición de justicia, de cuyos resultados se da cuenta”, manifestó.
En el evento estuvieron presentes el magistrado Sergio Medina Peñaloza, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del país (Conatrib); los magistrados Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Carmen Verónica Cuevas López, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; Juan José Yáñez Arreola, en representación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila y de Arturo Abreu Marín, Coordinador de Programas Estratégicos de Desarrollo del Gobierno Federal en Quintana Roo. También estuvieron representantes de las Fuerzas Armadas y autoridades de los tres niveles de gobierno.