De la Redacción
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, 20 de agosto.- Más de 16 años de impunidad, corrupción y despojo de playa pública prevalece con la construcción y operación del muelle de Ultramar en la bocacalle de la avenida Constituyentes, cuyo empresario Germán Orozco Sarro utilizando sus influencias con los gobiernos federales pasados continúa afectando la zona arrecife coralino “Jardines”, pese a que no podía utilizar la zona de atraque del lado norte.
De acuerdo a grupos ambientalistas que mantuvieron la lucha por recuperar la playa pública señalaron que gracias a esa impunidad y tráfico de influencias el empresario evitó que sea demolida la infraestructura ordenado por la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al omitir que en la zona estaba la citada zona coralina, luego que está misma dependencia y la de Comunicaciones y Transportes lo autorizaron.
Los mismos ambientalistas que exigieron las intervenciones de las autoridades federales en las pasadas administraciones nadie hizo nada al reclamo, aún cuando en 2005 el propio director de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, Ricardo Juárez Palacios, declaró la demolición del muelle de 260 metros de largo por 11 metros de ancho, por ocultar información, omitir la presencia aledaña de los arrecifes “Jardines”.
Sin embargo, ante el cambio de gobierno federal, de extracción panista, y la llegada del controvertido ex gobernador de Yucatán como delegado federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Patricio Patrón Laviada, confabulado por un juez de distrito en Cancún, permitió que Germán Orozco continuara con la operación del muelle, pudiendo utilizarlo con tenders, es decir, sólo descenso de turista provenientes de Cozumel pero exclusivamente del lado sur para evitar impactar los arrecifes.
Los ambientalistas acusaron que precisamente ante la impunidad que goza este empresario ahora ya opera en ambos costados del muelle sin que ninguna autoridad intervenga, correspondiéndole a la Profepa la supervisión y debido a que la dependencia se centralizó será más difícil que cumpla con su trabajo en Quintana Roo.
Para finalizar, los ecologistas señalaron que es urgente hacer el llamado al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador para recuperar la playa pública, dejar el muelle como patrimonio de la nación como en su momento comunicaba la capitanía de puertos, porque ya son más de 16 años del descarado despojo al pueblo.