El primer mes del 2026 cerró en Quintana Roo con al menos una decena de carpetas en trámite por presunta violencia vicaria en juzgados familiares y penales, según abogados y colectivos que acompañan a madres en litigio.
Ariadne Song, del colectivo “Xtabay”, refirió que en dicho periodo, solo tres niños fueron reincorporados a su seno familiar mediante acuerdos supervisados por autoridades, mientras que la mayoría de los casos continúa bajo medidas provisionales que prolongan la separación entre menores y uno de sus progenitores.
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Raquel Juárez comentó que lleva cuatro años sin ver a su hijo pese a contar con documentos que acreditan la custodia.
Acusó a su expareja de retener al menor y a la Fiscalía General del Estado de extraviar expedientes, desestimar denuncias y omitir acciones para garantizar la restitugción de la convivencia familiar.
El miércoles pasado, Alma Nashelli Gutiérrez Pérez expuso que su litigio, iniciado hace casi dos años, incluye el uso de un acta de nacimiento que considera irregular.
Afirmó haber presentado pruebas ante las autoridades y detalló que el conflicto derivó en procedimientos penales y familiares que incluyeron su detención y la separación temporal de su hija, quien posteriormente le fue devuelta. Dijo que el juicio sigue abierto con audiencias de seguimiento programadas.
Balance anual
Como contexto, durante el 2025 se registraron en Quintana Roo alrededor de 70 denuncias relacionadas con violencia vicaria y retención indebida de menores, según reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y colectivos de apoyo legal.
De ese total, menos del 30% concluyó con resoluciones definitivas en el ámbito familiar, lo que evidencia la lentitud procesal, el resto provoca la revictimización de niñas y niños, reiteró Song.
El común denominador, señalan litigantes, es la adopción de medidas cautelares extensas, la dependencia de peritajes psicológicos con meses de retraso y fragmentación entre juzgados penales y familiares, lo que genera decisiones contradictorias.
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Para la psicóloga infantil Laura Riojano, el mayor reto es evitar que los procesos legales se conviertan en una forma de violencia emocional. “La separación prolongada puede generar ansiedad, culpa y problemas de apego en los niños”, dijo.
El terapeuta familiar, Héctor Vázquez, subrayó que “el interés superior del menor debe guiar cada resolución, no la estrategia legal de los adultos”.
Expertos coincidieron en que la clave no está solo en reformar leyes, sino en garantizar coordinación institucional que priorice la restitución de derechos de menores por encima del conflicto entre los padres.