Otro caso de violencia familiar y violencia vicaria que afirman Colectivos de madres buscadoras y defensoras de derechos humanos de Quintana Roo exhibe el nivel de impunidad y corrupción dentro del sistema judicial del estado.
El caso involucra a Celia Ivette Torres Camacho, quien asegura haber sido víctima de violencia física, psicológica, económica y patrimonial por parte del Héctor “N”, padre de sus tres hijas durante más de 16 años.
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En conferencia de prensa realizada este miércoles en Cancún, las integrantes del Frente Feminista Quintana Roo, denunciaron que Guillermo Baca González Pliego, Juez del Poder Judicial de Quintana Roo, retiró las medidas de protección que garantizaban la seguridad de Torres Camacho y de sus tres menores hijas, pese a existir dictámenes médicos, psicológicos, evidencias documentales y videos que acreditan las agresiones de Héctor “N”.
Según los colectivos, el fallo judicial de retirarle la protección, se dio tras una cadena de anomalías procesales y presuntos actos de tráfico de influencias, en los que estarían involucrados, Rosario “N”, Magistrada federal, personal del Ministerio Público de la Fiscalía estatal y servidores públicos del Poder Judicial local.
Afirmaron que la decisión judicial no solo contradice los dictámenes de especialistas, sino que expone nuevamente a las menores no sólo al riesgo de sufrir violencia, al permitir el acercamiento del agresor, también temen por su vida, su integridad, ya que el quitarle la protección por que las autoridades, pese a las denuncias penales no hacen caso.
“Son arbitrariedades e ilegalidades que están cometiendo los jueces penales y familiares al no brindarles la protección, que está contemplada en una ley que garantiza una vida libre de violencia, hoy está haciendo un llamado de auxilio, una solicitud de ayuda porque a pesar de haber denunciado en 2019 a su violentador, no se ha judicializado la carpeta de investigación por el delito de violencia familiar”.
Las colectivas feministas exigieron intervención urgente de la gobernadora Mara Lezama y de la Fiscalía General del Estado para garantizar la seguridad de Celia Ivette y sus hijas, y denunciaron que este caso no es aislado, sino parte de un patrón sistemático de impunidad en los tribunales familiares y penales de Quintana Roo.
