A partir del 1 de abril de este año, la Dirección de Tránsito de Quintana Roo implementará un operativo permanente para sancionar a los vehículos que circulen con vidrios polarizados o con niveles excesivos de oscurecimiento sin un permiso vigente, aseguró el director Efraín García Chávez. Esta situación ha generado inconformidad entre la ciudadanía, al considerar que son acciones meramente recaudatorias y no por temas de seguridad.
La regulación exige que todo vehículo que circule con polarizado tenga un permiso oficial emitido por la Dirección de Tránsito estatal, que costaría hasta 850 pesos.
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Conductores mencionaron que la justificación oficial es que la medida va enfocada en la prevención de delitos y la mejora de la visibilidad vial; sin embargo, la calificaron la medida como una recaudación encubierta, particularmente en un contexto donde el estado también realiza otros cobros vehiculares como el canje de placas y el refrendo anual.
Aseguraron que las autoridades no han comunicado con claridad los procedimientos ni los beneficios de la medida, más allá de sancionar a los conductores.
“Como ya no tienen el control de las licencias, andan buscando como joder a los automovilistas. Es otro pretexto para extorsionar al pueblo, no buscan cómo fregar en vez que se pongan a dirigir la vialidad”, indicó Jesús Marrufo.
“La mayoría de los vehículos oficiales tienen polarizados y andan como sin nada. No creo que sea por cuestiones de seguridad, solo quieren vender permisos, la inseguridad les vale”, dijo Williman Castillo.
Con costos que oscilan entre los 750 y 950 pesos, según el municipio, el permiso tendrá vigencia anual y multas de hasta 900 por la falta de regularización antes de abril. Esta disparidad en los precios refuerza la percepción de opacidad y falta de claridad por parte de las autoridades.
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Las autoridades señalaron que únicamente están permitidos los niveles de polarizado humo 1 y 2, considerados suficientemente translúcidos para identificar al conductor y ocupantes desde el exterior. Los más oscuros seguirían prohibidos por considerarse un riesgo para la visibilidad y potencialmente útiles para facilitar delitos o fugas tras incidentes viales.
“La gente está confundida. No sabemos bien cuánto cuesta ni dónde tramitarlo. Muchos preferirán pagar la multa que gastar en permisos, dijo un taxista de la ciudad.
Algunos transportistas cuestionaron que si eso aplica en las carreteras, ya que hay mucha desinformación aún por la falta de difusión.