Integrantes de colectivos feministas y organizaciones de defensa de los derechos de la niñez se manifestaron este jueves a las afueras del Poder Judicial Federal, mientras se desarrollaba la audiencia contra Carlos Atanasio “N”, señalado como presunto responsable del delito de abuso sexual en agravio de su hijo menor, de apenas tres años de edad.
La protesta tuvo como eje central exigir justicia y un seguimiento responsable, transparente y con enfoque especializado por parte de las autoridades judiciales.
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Encabezados por la abogada y activista en derechos humanos Ariadne Song Anguas, los manifestantes se congregaron con pancartas y consignas dirigidas a jueces y funcionarios, en las que demandaron que el proceso se conduzca con perspectiva de infancia, derechos humanos y bajo el principio del interés superior del menor.
Song Anguas denunció haber sufrido un quinto ataque contra su familia, domicilio y propiedades, por lo que advirtió que teme por su vida y pidió garantías de seguridad para quienes acompañan el caso.
Los colectivos subrayaron que los casos de abuso sexual infantil no pueden tratarse como expedientes ordinarios, debido al impacto físico, psicológico y emocional que generan en las víctimas y su entorno familiar.
Señalaron que, en su experiencia, muchos procesos se retrasan o se ven obstaculizados por recursos legales que, aseguran, terminan favoreciendo a los imputados.
“Los denunciados presentan recursos para alargar los procesos, y la carga de trabajo del Poder Judicial impacta en los tiempos de resolución, tanto para el personal de los juzgados como para los propios jueces”, expresaron durante la protesta.
Advirtieron que estas demoras pueden derivar en revictimización y desgaste emocional para las niñas y niños afectados.
Las activistas recordaron que este caso se suma a otros en los que, afirman, la impunidad ha sido una constante.
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Sostuvieron que la falta de resoluciones firmes y sanciones ejemplares envía un mensaje negativo a la sociedad y desalienta a otras víctimas a denunciar hechos de violencia sexual.
Por ello, hicieron un llamado a autoridades federales y estatales para garantizar un proceso imparcial, sustentado en pruebas especializadas, como peritajes en psicología infantil y evaluaciones con enfoque de protección a la niñez.
Reiteraron que la prioridad debe ser salvaguardar la integridad del menor y asegurar que la justicia actúe con sensibilidad, responsabilidad y pleno apego a la ley.