La imposición de un nuevo cobro por el concepto de Derecho de Cooperación de Obra Pública Municipal ha generado inconformidad entre algunos propietarios de terrenos que buscan regularizar sus predios, principalmente en la colonia 23 de Enero.
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Habitantes afectados señalaron que, al recibir la notificación de los requisitos para regularizar sus propiedades, se encontraron con la sorpresa de un pago adicional de $3,733 pesos solicitado por las autoridades municipales para continuar los trámites.
Laura, una de las afectadas, expresó: “Que alguien nos explique, porque nada más no entiendo. Antes, en los trámites de predial y cooperación por obra, no pedían constancias de estos. Ahora resulta que, además de pagar el predial, te piden esos documentos y este nuevo cobro de ‘Derecho Cooperación Obra Pública Municipal’ cuesta la pequeña cantidad de $3,733.00 pesos”, mencionó con molestia.
Otros inconformes han señalado que los regidores deben explicar el origen de este nuevo cobro, que afecta principalmente a colonias y predios aún no regularizados ante las autoridades estatales.
Una vecina de la colonia 23 de Enero, quien está en proceso de regularización, también compartió su experiencia: “Es la segunda vez que voy y siento que los empleados municipales no saben o no quieren dar información clara. Estoy regularizando mi terreno y entre los requisitos que me pide Agepro está la constancia de No Adeudo de Cooperación de Obra, que cuesta más de $3,000 y 622 pesos adicionales por la constancia, sumando más de $4,300 pesos”, señaló confundida.
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De esta manera, los propietarios de terrenos que buscan regularizar sus predios ante la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro) deben pagar más de $4,000 pesos para obtener la copia certificada del pago del impuesto predial y la constancia de Derecho de Cooperación de Obra Pública Municipal.
La situación está generando molestias entre quienes buscan regularizar sus terrenos, especialmente porque muchos no cuentan con esta cantidad de dinero, lo que consideran un abuso. Además, cuestionan que los ingresos generados por este concepto no se reflejan en mejoras en servicios públicos, como buenas calles, mayor seguridad o alumbrado público.
JGH