En Quintana Roo, el compromiso de mantener el precio de la gasolina regular en un máximo de 24 pesos por litro se está incumpliendo de manera generalizada. De acuerdo con información actualizada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), sólo seis de las 201 estaciones expendedoras de combustible en la entidad respetan este acuerdo, lo que representa apenas el 2.98% del total.
Este pacto fue firmado a nivel nacional entre la Secretaría de Energía (Sener), Pemex y la Profeco, con el objetivo de estabilizar los precios y proteger la economía de los consumidores ante la volatilidad del mercado internacional. Sin embargo, en la Península de Yucatán, y particularmente en Quintana Roo, los empresarios gasolineros han hecho caso omiso, vendiendo el litro de combustible por encima del precio sugerido, en algunos casos hasta en 26 pesos.
Los datos municipales muestran que los precios más altos se concentran en destinos turísticos clave, lo que impacta tanto a residentes como a la economía del visitante: En Cancún, va de 24.70 a 25.90 pesos por litro; en Playa del Carmen, entre 24.80 y 25.60; Tulum, un promedio de 25.50; Cozumel: hasta 25.80; Isla Mujeres no cuenta con estaciones que cumplan con el precio máximo.
Mientras que en Othón P. Blanco oscila entre 24.30 y 25.20 pesos por litro; Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos son los únicos municipios donde se encuentran las seis estaciones que sí respetan el tope establecido.
La Profeco indicó que, pese a las revisiones y llamados de atención, la mayoría de las estaciones no ha realizado ajustes, argumentando costos logísticos y de operación. Sin embargo, estas justificaciones han sido cuestionadas por organizaciones de consumidores, quienes señalan que se trata de una práctica de sobreprecio en zonas donde la competencia es limitada o donde el turismo permite sostener precios más altos sin afectar la demanda.
Esta situación ha generado molestia entre los ciudadanos, sobre todo en municipios del norte, donde el precio de la gasolina se ha convertido en un factor que encarece el transporte, la distribución de productos y, en consecuencia, el costo de vida.
Acusan que la falta de cumplimiento refleja no sólo una ausencia de voluntad por parte de los concesionarios, sino también la necesidad de una intervención más firme por parte de las autoridades para garantizar el respeto a acuerdos que buscan beneficiar directamente al consumidor.
