Ante los elevados costos que actualmente enfrentan los ciudadanos por el arrastre y resguardo de sus vehículos por parte de empresas privadas, el segundo regidor del Ayuntamiento de Playa del Carmen y presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana, Tránsito, Bomberos y Protección Civil, Orlando Muñoz Gómez, propuso la creación de un servicio de grúas y un corralón municipal.
Ciudadanos aseguraron que mientras enfrentan tarifas de arrastre y resguardo vehicular que en ocasiones superan el valor de sus propios vehículos, el Ayuntamiento sigue sin ofrecer una alternativa pública que regule estos abusos.
Consideraron que la propuesta del regidor, de crear un servicio de grúas y un corralón municipal es un llamado a la sensatez y, al mismo tiempo, una dura crítica al abandono institucional en esta materia.
Destacaron que con esta propuesta, se ventiló una realidad que todos conocen, pero pocos enfrentan: el reglamento municipal contempla la existencia de grúas y un corralón operados por el Ayuntamiento, pero ambos brillan por su ausencia.
En su lugar, dijeron, empresas privadas operan bajo concesiones que, sin regulación efectiva, imponen tarifas tan desproporcionadas que muchos ciudadanos optan por no recuperar sus motocicletas o automóviles.
Para los habitantes, esto no sólo refleja una omisión del Gobierno municipal, sino una complicidad implícita que ha permitido que estos negocios lucren con la necesidad y el desconocimiento de la población.
“¿Cómo es posible que una falta administrativa menor termine en la pérdida definitiva de un vehículo?”, refirieron.
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El regidor reconoció que implementar esta infraestructura implica inversión, personal y gestión territorial, pero también recordó que se trata de un asunto de justicia social.
Ciudadanos destacaron que la iniciativa es clara: recuperar el control de un servicio esencial, garantizar tarifas justas y generar transparencia.
“Más allá de la propuesta técnica, lo urgente es la voluntad política de transformar un sistema que ha sido permisivo con el abuso. La ciudadanía no puede seguir pagando la factura de una omisión que favorece a unos cuantos. Playa del Carmen necesita soluciones reales, no solo buenas intenciones en papel”, concluyeron.