El Juez de Control, José Luis Jonathan “N” sigue apareciendo como presuntamente activo en el sistema de asignación de funciones del Juzgado Penal Oral de Playa del Carmen, donde tiene investigaciones penales en curso.
Lo anterior, pese a que se anunció públicamente la apertura de una indagatoria y una supuesta suspensión derivada de señalamientos por violencia de género.
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De acuerdo con el calendario oficial de audiencias correspondiente al periodo del 8 al 12 de enero de 2026, el funcionario tiene aparentemente programada la atención de, al menos, ocho diligencias, entre ellas procedimientos considerados de alta sensibilidad.
Destaca la continuación de una audiencia intermedia por el delito de abuso sexual prevista para el 9 de este mes, así como revisiones de medidas cautelares relacionadas con homicidio y desobediencia de particulares agendadas para el 12.
La permanencia del juez en funciones ocurre a pesar de que, tras los hechos reportados a finales del 2025, se informó sobre el inicio de diligencias administrativas y penales en su contra, luego de ser señalado por la probable agresión con arma de fuego contra una mujer.
Esta situación evidenció una discrepancia entre las sanciones anunciadas y la operatividad real dentro del Poder Judicial de Quintana Roo.
El origen del caso se remonta a las primeras horas del 24 de diciembre de 2025, cuando en un complejo residencial ubicado al sur de Cancún se habría registrado un episodio de violencia.
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Un reporte anónimo, que posteriormente fue ratificado el 26 de diciembre a través del sistema electrónico institucional, dio lugar a la apertura de una investigación formal. El señalamiento fue reforzado por material gráfico que circuló en redes sociales, lo que incrementó el escrutinio público sobre el caso.
Aunque la autoridad judicial confirmó la existencia de una indagatoria para determinar posibles responsabilidades administrativas y penales, la ausencia de una suspensión efectiva reflejada en la lista de acuerdos y en la asignación de audiencias generó cuestionamientos sobre la aplicación de los protocolos internos y los mecanismos de control dentro de la administración de justicia estatal.