El seno familiar es fundamental y toral en nuestra sociedad, particularmente para que los hijos tengan una formación con valores y principios que los aleje de actitudes negativas y con ello prevenir que incurran en actos delictivos, expuso ayer el magistrado presidente del Tribunal para Menores Infractores de Durango, Alejandro Ramón Fuentes, al impartir su conferencia “Análisis dogmático de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes”.
Durante el evento organizado por el Tribunal Superior de Justicia, el Dr. Ramón Fuentes sostuvo que parte de la sociedad se compone de la familia y la función que tiene la familia es primordial en la formación de los hijos, así como también en la rehabilitación cuando por alguna circunstancia cometió algún acto delictivo.
—Aquí lo que se ve y lo que se repite con los adolescentes, de acuerdo a un estudio elaborado por Reintegra y la Unicef sobre la delincuencia en Durango, aunque en otros Estados salen también las mismas variables, es que no importa que tenga papa y mama o que sea de una familia ampliada o nuclear, lo que importa es que haya una persona que tenga la característica de ser autoridad y enseñarle que hay una autoridad, ya que si falta esa autoridad, se dan las variables de deserción escolar y consumo de drogas, señaló.
Etapa de rebeldía
Hizo notar que el adolescente por su propia naturaleza está en la etapa de la rebeldía y se quiere imponer ante la propia autoridad y si no tiene autoridad en la casa y no tiene una actividad educativa y a hay consumo de adicciones, “obviamente vamos a tener un problema social importante que requiere un tratamiento específico y directo para restablecerle sus derechos, porque el menor antes de ser delincuente o cometer una conducta delictiva ya tuvo una vulneración en su derecho a la educación y en su derecho a la salud, ya que los padres fueron omisos en darle el tratamiento adecuado.
Precisó que México tiene compromisos internacionales de donde viene la obligación de tener una justicia especializada, específicamente de la Convención sobre los Derechos de los Niños y el Pacto de San José de Costa Rica, de donde deriva a nuestra legislación los principios y reglas.
—De los 21 principios generales del sistema que tenemos, que es lo que nos diferencia de la justicia penal de adultos, vamos a retomar seis principios, mismos que se convierten en derechos y a su vez, estos derechos, como nos dan buenas prácticas y nos dan experiencias que hemos tenido en otros Estados, potencializan y buscan una homologación de la justicia para adolescentes en el país.
Indicó que a nivel nacional se vive una transición en la justicia para adolescentes muy importante y se está todavía dentro de los tres años que marca la Ley Nacional para la implementación total. Antes de la Ley nacional cada Estado tenía y tiene una legislación diferente y eso hacía tener diferentes procedimientos, diferentes derechos y no había esa homologación. Con la nueva ley se homologa para que la justicia sea el mismo procedimiento, las mismas medidas de internamiento, los mismos grupos etarios y los mismos derechos.
Añadió que de esta manera se busca también que la justicia y sanciones sean iguales entre la adolescencia en nuestro país que cometió una conducta delictiva, de tal manera que tengan y reciban el mismo tratamiento. Esto es muy interesante porque antes había casos como el de Morelos, cuya sanción máxima de internamiento era de tres años, mientras que en Aguascalientes era de 25 años.
Apoyo de los padres
—En Morelos, por un homicidio, le daban al adolescente tres años y, al que robaba en una tienda de conveniencia un gansito, hasta nueve años en Aguascalientes. Había una desproporción y con esta nueva ley se busca homologar y ahora el reto para los operadores y las personas que trabajamos es que también las prácticas y las formas de aplicación de la ley sean uniformes a nivel nacional, estableció.
Consideró asimismo que las leyes actuales logran el objetivo de rehabilitar al adolescente e reincorporarlo a la sociedad.
—Creo que el sistema, más que la ley, porque hay un sistema integral donde hay personas que son especializadas que se encargan desde la fiscalía, desde la defensoría, los órganos jurisdiccionales y las autoridades administrativas. Este conjunto de todas estas personas nos llevan a tener una efectividad, al menos en mi Estado, del 13 por ciento de que vuelven a cometer una conducta delictiva y se debe principalmente atribuible a los padres. El fracaso o no de esta reinserción se ha logrado en una segunda oportunidad.
Observó que principalmente los adolescentes delinquen por llamar la atención y por la falta de autoridad en sus casas.
Entonces –continuó–, en un programa de reinserción en donde requieres el apoyo de los padres, si no están presentes o no participan, es muy difícil de forma aislada tratar de reintegrar al adolescente, pero no es por falta de programas o personas capacitadas, sino por la misma irresponsabilidad de los padres.
El Dr. Ramón Fuentes señaló que se ha mantenido la incidencia delictiva en los últimos años y es un fenómeno que se arrastra desde el sistema tutelar, aunque consideró un porcentaje mínimo frente a la participación de los delitos por adultos.
Realmente la situación que debemos de destacar es que el 7% de los delitos cometidos por adolescentes solamente son de alto impacto. Por eso esta nueva ley nacional busca que los menores lleven sus procesos en libertad porque está basada para el 93 por ciento de los adolescentes que cometen una conducta, que no son de alto impacto.
En ese sentido, para los del 7% se tiene la medida del internamiento, pero realmente es muy poco el delito de alto impacto como son los homicidios, la trata, el secuestro, la violación, narcomenudeo, que es posesión con fines de suministro, extorsión y terrorismo.
(Rafael Mis Cobá)