El Consejo Agroalimentario de Yucatán (CAY) manifestó ayer su beneplácito por el rechazo que hizo el Senado de la República al cobro por los derechos del agua y manifestó su confianza en que la Cámara de Diputados ratifique esa decisión porque, de lo contrario, generaría un aumento generalizado en el precio de los alimentos.
El presidente del CAY, Nerio Torres Arcila, sostuvo ayer que la posición de los senadores fue la apropiada porque de aprobarse ese cobro no sólo se afectaría a los productores del agro, sino a la población en general en vista de que, a final de cuentas, ese pago se trasladaría en cadena a los precios de toda la producción agropecuaria del país.
Recordó que la intención era cobrar alrededor de 3 mil 500 pesos por hectárea con los consiguientes impactos negativos a la producción, lo que es totalmente contrario a la política federal anunciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de no aumentar ningún impuesto en los primeros tres años de su administración y buscar la autosuficiencia alimentaria.
Asamblea
Torres Arcila recordó que el pasado 22 de octubre, el CAY celebró su IX Asamblea Mensual en la que participaron más de 60 organizaciones y empresas vinculadas a la generación de alimentos, a la que asistió como invitado Juan Carlos Gamboa Bustamante, encargado de la Representación Estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal.
Dijo que, durante la asamblea, se aprobó la adhesión del CAY a un documento emitido por el Consejo Nacional Agropecuario para solicitar al Senado de la República que detenga el impuesto a los derechos de agua, tal como lo había incluido la Cámara de Diputados en la Ley Federal de Derechos.
En ese sentido, dijo que ahora que el Senado tomó en cuenta la petición de los productores del país, ojalá que la Cámara de Diputados haga lo mismo y deseche en definitiva el cobro pretendido al uso del agua.
Insistió en que, con ese impuesto, los productores agropecuarios tendrán mayores costos de producción y, en consecuencia, habrá un aumento generalizado en el precio de los alimentos, lo que además pondría en riesgo la soberanía alimentaria del país, ya que este pago podría significar un costo adicional a los productores de hasta 3 mil pesos por hectárea.
Argumento erróneo
Observó que en la iniciativa se argumenta de manera errónea que el sector agropecuario sólo aporta el 3% del Producto Interno Bruto nacional, cuando en realidad las cadenas productivas del sector y los servicios colaterales que se benefician de esta actividad llegan casi al 20% del PIB.
Agregó que, en el documento enviado al Senado por el Consejo Nacional Agropecuario, se puntualiza que un compromiso que ha reiterado el Presidente López Obrador es que no se crearán nuevos impuestos en los primeros tres años de su administración, con el objetivo de lograr la autosuficiencia alimentaria en algunos productos básicos, por lo que este gravamen que se pretende establecer a los productores sería un incumplimiento a ese compromiso y un duro golpe a los productores mexicanos.
El Consejo –continuó– tiene la confianza en que la Cámara de Diputados valore los impactos negativos que implicaría este nuevo impuesto para los productores agropecuarios de todos los Estados.
Impactos negativos
Torres Arcila abundó que, entre los impactos negativos que puede generar la aprobación de ese gravamen, están:
1. Los sistemas de riego en México aportan más del 70% de la producción nacional de granos básicos y sus productores verán seriamente afectada su economía (los precarios ingresos netos de las familias de los agricultores productores de granos básicos se verán afectados en más de un 50% en promedio), lo que pone en riesgo no sólo el sustento de centenares de miles de familias, sino el maltrecho sistema de abasto de alimentos en México.
2. Los productores agrícolas de los sistemas de riego, al disponer de más de 5 hectáreas por productor en promedio, han sido excluidos de los apoyos de los programas de bienestar y de precios de garantía, y se les pretende dejar fuera de los programas de apoyo a la comercialización, lo que los ha dejado expuestos a una brutal competencia desleal con los productores de otros países que reciben cuantiosos apoyos y subsidios.
3. En los Distritos de Riego, que representan más del 60% de las áreas de riego en el país, se afecta en forma indiscriminada a pequeños y medianos productores.
4. Los productores agrícolas de los sistemas de riego del país, con sus propios recursos, hoy se hacen cargo de la operación y conservación de centenares de miles de kilómetros de canales que no sólo abastecen de agua a nuestros predios, sino que abastecen de agua a infinidad de comunidades y a múltiples municipios del país, actividad que sería insostenible económicamente con este nuevo impuesto. Esta responsabilidad es en principio del gobierno y hoy la atienden los agricultores, aportando cada año un tributo de más de 5 mil millones de pesos.
5. Al incrementar los costos de producción en hasta más de un 15% en promedio (3, 4 y hasta 5 mil pesos por hectárea al año), indiscutiblemente presionará incrementos en los precios de los granos y de la canasta básica en general (leche, carne, huevo, pan, tortilla, etc.).
6. El tema del agua es hoy uno de seguridad nacional, los productores agropecuarios disponemos de más del 76% de las aguas concesionadas. Actualmente la demanda supera ya en 10% la disponibilidad y el recuperar la sustentabilidad en el manejo de este vital recurso, requiere de cuantiosas inversiones en tecnificación y modernización de los sistemas, recursos que hoy dejó de aportar el gobierno y que los productores se verán imposibilitados de atender.
7. Fomentará las extracciones ilegales de agua, aumentará la ya escandalosa corrupción y un mayor descontrol en la anhelada dotación volumétrico del agua.
8. México importa hoy más del 45% de los granos básicos que consumimos y este nuevo impuesto, al afectar la sustentabilidad económica de la producción de granos, impide avanzar en la anhelada autosuficiencia, vulnera la hoy insuficiente seguridad alimentaria e impacta directamente en la soberanía de nuestro país.
9. Es ilegal porque representa una doble tributación sobre el mismo concepto, hoy en los Distritos de Riego ya se paga un impuesto volumétrico por el uso del agua.
10. Es anticonstitucional porque es inequitativo, para una misma zona o región un usuario de un Distrito de Riego tributa mucho más que un usuario de las mismas características en una Unidad de Riego en la misma zona o región. Adicionalmente, hay regiones de México donde la escasez de agua es mayor.
Generadora de empleos
También puntualizó que, a nivel mundial, la agricultura emplea en promedio el 70% del total de agua que se consume. Esta proporción es inherente a la actividad, cuyo objetivo final es ni más ni menos que la producción de alimentos.
Además, la agricultura también es una importante generadora de empleos, ya que contribuye con más de 7 millones 55 mil 500 empleos o 12.7% del total. Se trata, pues, de una actividad que en su naturaleza requiere grandes volúmenes de agua, mismos que son necesarios para producir los alimentos que requiere la población del país y es una importante fuente de empleo. Al final, el agua utilizada se convierte en alimento para la población, empleo, generación de divisas y en general desarrollo económico para México.
Torres Arcila sostuvo que los productores están de acuerdo en combatir el desperdicio de agua donde esto ocurra, pero no es esta ley el instrumento adecuado para lograrlo, ya que pensar así es un reduccionismo que ignora profundamente las características de las distintas regiones productivas del país.
Organo integrador
Finalmente recordó que el Consejo Agroalimentario de Yucatán, A.C. tomó protesta en diciembre pasado y es un organismo de los empresarios del campo en México e integrante del Consejo Coordinador Empresarial, creado en 1984 como Asociación Civil y está integrado por grupos de productores y empresas de los sectores agrícola, pecuario y agroindustrial.
El CAY –precisó– representa, defiende y fomenta la actividad primaria y tiene como objetivo ser un órgano ciudadano integrador del sector agroalimentario, entre sus prestadores y proveedores de servicios, para lograr establecer las ventajas estratégicas, de competitividad y rentabilidad de sus asociados, por lo que garantizamos que para nosotros es una prioridad el bienestar de su empresa u organismo.
Entre las empresas y asociaciones afiliadas destacan: Enjundia, Fernando Ponce García; Hacienda Yabucú, David González Domínguez; Grupo Crío, Adán Fernández Flores; La Anita, Ismael Charruf Navarrete; Kekén, Claudio Freixes Catalán; Impulsora Hidráulica, Abelardo Ruz Sosa; Grupo Sanjor, Jorge Dorantes Gamboa; Grupo MasPesca, Manuel Sánchez González; Tere Cazola, Raúl Barceló Cazola; Hacienda-Hotel Sotuta de Peón, William Lübcke Argáez; Acuícola Garza, David Peña Garza; Grupo Logra, Juan Manuel Díaz Roche; Salsas el Yucateco, María Eugenia Gamboa Cantón; Fogysa, Arturo Gary Valle; Finca San Edmundo, Guillermo Mendicuti Loría, entre otros.
En la asamblea del CAY celebrada el pasado 22 de octubre estuvieron presentes:
José Adonay Braga Loret de Mola, administrador del Oriente de Yucatán Aric.; Ismael Charruf Navarrete, La Anita; Enrique Herrera Gamboa, Agroindustrias San Alberto; Carlos Martínez Terrazas, Fertibal; Arturo Peniche Solís, Arpen; José Rogelio Pérez Monsreal, Asociación de Ganaderos Diversificados Productores de Flora y Fauna Silvestre de Yucatán; Yigal Marcel Rodríguez Romero, Agriforza Comercializadora y Amílcar Arcila Novelo, Hotel Sotuta de Peón.
(Rafael Mis Cobá)
