Las normas y leyes ambientales, como la NOM 001 Semarnat 1996, no se adecuan a la realidad de Yucatán; es por ello que se han prendido focos rojos en Homún y Kinchil con las granjas porcícolas y ahora en San Antonio Chel con la granja de bovinos, porque el modelo de desarrollo que sigue el Estado es insostenible y debería ser una llamada de alerta para la autoridad federal, explicó Carlos Escoffié, abogado de la comunidad de San Antonio Chel en Hunucmá.
“Todos estos casos (Homún, Kinchil y San Antonio Chel) tienen una columna vertebral que parte desde la legislación y normativas que ya no se adecuan a la realidad a la que nos enfrentamos, como es la NOM 001, que incluso el relator del agua de las Naciones Unidas la ha cuestionado.
Focos rojos
“El relator ha dicho que la NOM no permite que se garantice de manera directa el derecho al agua en México, precisamente por los contaminantes y presencia de e-coli y fecales. Estos casos son focos rojos que le indican a la autoridad estatal, municipal y federal que el modelo de desarrollo que se está generando en la Península de Yucatán es insostenible; está comprometiendo el acceso al agua para las generaciones presentes y futuras”, dijo el abogado.
POR ESTO! ha publicado desde el lunes 10 de junio, con base en fuentes del sector ambiental, que la NOM 001 Semarnat, en la que se cobija el Grupo Porcícola Mexicano y sus aparceros, no les obliga a tratar el agua y verterla con niveles “aceptables” de nitrógeno, DBO5, fósforo y sólidos suspendidos, lo que permite que se filtren los contaminantes en el suelo kárstico de Yucatán.
Ayer se informó que no sólo hay contaminación al manto freático por parte de las granjas porcícolas de escala comercial, sino también por el ganado bovino, como es el caso de San Antonio Chel, en Hunucmá, donde se encuentran cientos de bovinos sin tener planta de tratamiento de aguas y sin permisos, al grado que hoy el Juez 2o. de Distrito decidirá si determina la suspensión definitiva de la granja bovina, en tanto sigue el juicio.
Resquicios
“Todos estos casos indican que las autoridades no están cumpliendo con sus obligaciones de garantizar los mayores estándares de manejo de agua y de control de riesgos medio ambientales, al hacer este tipo de granjas, al permitir que granjas en Homún, Kinchil y San Antonio Chel operen: todos estos casos tienen en común que no sólo la legislación no es suficiente para la realidad, sino que donde es suficiente y puede ser a favor del medio ambiente, siempre hay resquicios donde la autoridad podría haber actuado. ¿Por qué no actúa o por qué otorga, por qué no revisa, por qué no consulta?
“Todo esto levanta una alerta clara que debería mover a las autoridades federales e incluso al marco normativo”, dijo el abogado.
Hoy decide Juez 2o.
Hoy el Juez 2º de Distrito, Rogelio Eduardo Leal Mota, decidirá si la granja bovina con cientos de animales debe suspender actividades en lo que dura el juicio.
“La comunidad presentó una ampliación de la demanda hace un rato (por ayer) y fue admitida, se hizo ver que para la instalación de la granja no hubo una consulta previa y no cuenta con los permisos; hoy, el Juez 2o. decidirá si da la suspensión de actividades porque, además, esa granja está en una zona incompatible para granjas intensivas, así lo dice el POETY, el marco legal estatal”, dijo.
Recordó que, desde el 2017, la comunidad de 200 habitantes, con propiedad ejidal, se dio cuenta del problema del agua.
Recordó que, al paso del tiempo, vendieron tierras a empresarios con el compromiso verbal que no implementaran actividades intensivas, sino sólo vivienda y apicultura.
La empresa
Sin embargo, en el 2017 se dieron cuenta de la granja de ganado con cientos de animales que ha deforestado la zona y que tienen planes de expansión.
La empresa del rancho es Yuca Agroalimentos, S.P.R. de R.L. de C.V., pero ignoran quiénes son los propietarios.
“La comunidad notó color en el agua y sintió el hedor, así que buscaron en el 2017 a la autoridad municipal de Hunucmá y de la entonces Seduma, hoy Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), y les dijeron que la granja se removería, lo cual nunca ocurrió y la comunidad inició en este 2019 el proceso legal en un juicio de amparo contra las autoridades por no haber consultado a la comunidad y haber dado permisos sin consulta indígena.
“La granja no tiene biodigestor, se sabe que tienen pozos donde se filtra el agua y alimentan a los animales con pollinaza y cochinaza, incluso ofrecen a la venta abono natural; durante el juicio el juzgado pidió a las autoridades información del permiso de la granja y la Conagua responde que no hay permisos, y que está en trámite uno para baños, no hay ninguno para manejo de agua y, abajo de la granja, va una vena de cenotes; por eso la comunidad presentó hoy una ampliación de la demanda”, dijo el abogado.
El expediente 500/2019 es el caso que hoy podría tener respuesta del juez.
¿Y la MIA?
En cuanto a la MIA por parte de la Seduma, el abogado dijo que no tienen antecedentes de una resolución completa ni tampoco saben si hay permisos de funcionamiento por parte del Ayuntamiento, porque el Municipio no se ha dado por enterado del caso de manera oficial.
El abogado sabe que la zona de San Antonio, Hunucmá, forma parte del Consejo Maya del Poniente de Yucatán y de la asesoría legal que reciben, así como la de Homún, pero aclaró que su trabajo es independiente, aunque se encamina en la misma lucha por la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente.
(Verónica Martínez)