La Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (Ugroy) abrió un capítulo incómodo para el sector agropecuario del estado al presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el presunto desvío de 170 millones de pesos (monto redondeado en la querella) asignados a programas productivos durante los últimos cinco años.
La denuncia, impulsada por el actual presidente del organismo, Esteban López Meneses, señala presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos ejercidos entre 2019 y 2024, período en el que la agrupación estuvo encabezada por el exdiputado panista Esteban Abraham Macari.
López Meneses explicó que la decisión de acudir a las autoridades surgió después de meses de revisar documentos, cruces bancarios, reportes administrativos y supervisiones técnicas sobre los programas operados con recursos de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).
Noticia Destacada
Abraham Macari renuncia como Presidente de la Unión Ganadera del Oriente de Yucatán tras acusaciones de desvío de recursos
Las anomalías detectadas, dijo, van desde proyectos productivos duplicados sin evidencia de ejecución hasta movimientos financieros sin soporte, microcréditos sin registro de pago y el presunto uso de fondos para fines ajenos a los autorizados.
“Llegamos a un punto en el que ya no había margen para la duda. Estamos hablando de recursos que debieron estar en manos de productores y familias del Oriente de Yucatán”, sostuvo.
“Es necesario que las autoridades aclaren qué pasó con los 170 millones de pesos transferidos a la organización”, dijo.
Desde abril, cuando asumió la presidencia de la Ugroy, López Meneses instruyó una auditoría interna que terminó por revelar la falta de comprobación en múltiples expedientes. Ese hallazgo detonó el proceso legal.
Noticia Destacada
Abraham Macari ‘compra’ pleito familiar para disuadir las denuncias de ganaderos de Tizimín por desvío de dinero
El líder ganadero insistió en que el objetivo no es señalar a nadie de forma directa, sino abrir la puerta para que las instancias competentes determinen si existe responsabilidad administrativa o penal de exdirigentes u otros actores involucrados en la operación de los programas.
La denuncia fue presentada “contra quien resulte responsable”, subrayó, al remarcar que no hay interés político detrás de la decisión. Asimismo, agregó que para los ganaderos de la región lo fundamental es asegurar que los apoyos públicos lleguen efectivamente al campo, sobre todo en un contexto de sequía, incremento en los costos de insumos y presiones económicas que afectan la producción local.
La Fiscalía Anticorrupción ya recibió los documentos y reportes que integran la denuncia. Con este paso, se abre un proceso que podría marcar un precedente en la forma en que se vigilan y administran los recursos destinados al sector rural en Yucatán.