La polémica en el sector agropecuario del oriente del estado escaló a un nivel judicial. La Secretaría de Desarrollo Rural de Yucatán (Seder) formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Yucatán por el presunto manejo irregular de más de 165 millones de pesos entregados a la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (Ugroy) entre 2019 y 2024.
Con esta acción legal se formaliza una sospecha que desde hace años circulaba entre ganaderos del oriente: la posible existencia de un esquema sistemático de desvío de recursos públicos destinados al campo.
El documento presentado por el director jurídico de Seder, Erick Noé Zapata Ceballos, señala tanto a exservidores públicos de la dependencia como a exdirectivos de la organización ganadera, quienes, según la denuncia, podrían haber incurrido en conductas contempladas en el Código Penal de Yucatán relacionadas con uso ilícito de atribuciones, peculado y otras formas de corrupción.
Rosario de anomalías
La querella se sustenta en una revisión interna que detectó múltiples irregularidades, entre ellas proyectos clonados con la misma redacción, estructura y objetivos año tras año, variando únicamente en los montos solicitados; comprobaciones dudosas; movimientos bancarios sin respaldo documental; posibles beneficiarios inexistentes; firmas presuntamente falsificadas en actas y expedientes; e incluso maquinaria y equipos que no aparecen físicamente en los ranchos donde se reportó su entrega.
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Los recursos investigados –más de 160 millones de pesos provenientes de distintos programas estatales para apoyo al sector ganadero– habrían sido entregados a asociaciones del oriente yucateco a través de la Ugroy.
Sin embargo, la revisión ordenada por la Seder concluyó que parte de esos fondos no se aplicó conforme a las reglas de operación, sino que se destinó a fines no autorizados o simplemente no cuenta con comprobaciones válidas. Este cúmulo de anomalías fue considerado un “foco rojo” dentro del Gobierno del Estado y detonó una revisión más profunda de expedientes fiscales y financieros acumulados durante cinco años.
Señalamientos de productores
El caso golpea particularmente a la Ugroy, una de las organizaciones ganaderas con mayor influencia en la región, que desde hace meses enfrentaba críticas de productores independientes por la falta de transparencia en el manejo de los programas, el incumplimiento en la entrega de apoyos, los retrasos en los fondos para repoblamiento ganadero y actas de verificación que nunca coincidían con la situación en campo.
Las denuncias internas de ganaderos de municipios como Tizimín, Panabá, Valladolid y Sucilá ya habían puesto sobre la mesa la exigencia de auditorías externas y mayor supervisión por parte del estado.
La actual dirigencia de la Ugroy reconoció públicamente, semanas atrás, la existencia de “inconsistencias administrativas heredadas”, lo que abonó a las sospechas previas a la presentación de la denuncia penal.
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Investigación a fondo
En su escrito, la Seder solicita que la Fiscalía investigue a fondo si existió beneficio indebido para particulares, si hubo colusión entre exfuncionarios y exdirectivos ganaderos, y cuál podría ser el daño patrimonial al erario estatal. También pide que, una vez integradas las pruebas, se determine si procede ejercer acción penal contra quienes resulten responsables.
Por ahora, el expediente se encuentra en análisis, y los señalados mantienen la presunción de inocencia mientras continúa el proceso ministerial. Sin embargo, el caso ya reabre un debate de fondo: cómo se supervisan realmente los recursos destinados al campo yucateco, qué controles existen sobre las organizaciones que administran fondos millonarios y qué mecanismos de auditoría permitirán evitar que los apoyos públicos destinados al crecimiento del sector ganadero terminen desviados o sin aplicación comprobable.