La comisaria de San Isidro Ochil, Roxana Cámara Avilés, se presentó nuevamente ante las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) para interponer un incidente de incumplimiento, denunciando que el alcalde de Homún, Joan Gregorio Góngora Suárez, persiste en su actitud de desacato al no haber pagado un solo peso de las remuneraciones ordenadas por la sentencia pasada.
Mientras la vía legal se agota, en la comunidad de Ochil la tensión aumenta. Los habitantes reportaron que, en lugar de restablecer los servicios básicos o acatar el mandato judicial, el ayuntamiento ha optado por una estrategia de asistencia directa que margina por completo a la autoridad legalmente electa.
Acompañada de su equipo jurídico, Cámara Avilés solicitó al Tribunal que se apliquen medidas de apremio más severas contra el Edil. “Hemos esperado los plazos marcados por la ley y el Alcalde simplemente decidió que la ley no aplica para él. Regresamos para decirles a los magistrados que el desacato continúa y que la asfixia económica hacia mi cargo y mi persona sigue vigente desde octubre del 2024”, expresó la funcionaria a las afueras del recinto.
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La Comisaria señaló que no sólo se trata de su sueldo, sino de la dignidad del cargo de autoridad auxiliar que representa a los ciudadanos de Ochil, el cual ha sido despojado de toda participación presupuestal.
Mientras la Comisaria buscaba justicia en la capital del estado, personal del Ayuntamiento de Homún se hizo presente en los bajos del domo de la comisaría de San Isidro para convocar a la población a un registro de donación de despensas y carne de pollo.
Este acto ha sido calificado por el grupo de apoyo de la Comisaria como una maniobra de clientelismo político y una afrenta directa a la institucionalidad. Al realizar estas entregas sin la coordinación, o incluso del conocimiento de la representante auxiliar, el Alcalde demostró su negativa rotunda a trabajar de la mano con Cámara Avilés.
La entrega de estos apoyos sociales no es un hecho aislado. Vecinos denunciaron que la logística de estos registros está siendo operada por personas que fungen como una comisaría alterna, apoyadas abiertamente por Góngora Suárez.
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“Es una burla. El Alcalde dice que no hay dinero para pagar la luz de las calles o para los sueldos que la ley manda, pero sí tiene para venir a repartir pollos y despensas con su grupo. Lo que quiere es comprar voluntades para que la gente no se queje de que vivimos en la oscuridad y entre la basura”, comentó un habitante inconforme mientras observaba el registro en el domo.
Para Roxana Cámara, la entrega de estos insumos es la confirmación de la estrategia de división que ha denunciado previamente. Al canalizar los recursos públicos a través de personas externas a la comisaría oficial, se fomenta un ambiente de confrontación entre vecinos: quienes reciben el apoyo por lealtad al Alcalde y quienes exigen el cumplimiento de la ley y servicios públicos de calidad.
Con el incidente de incumplimiento ya en manos del Tribunal, San Isidro Ochil entra en una fase crítica. La comunidad espera que las instituciones estatales no permitan que la entrega de despensas sea utilizada como una cortina de humo para encubrir la violación de los derechos políticos y el abandono de las obligaciones municipales básicas.
