Yucatán / Mérida

Comunidades mayas de Yucatán acusan devastación y desacato de inmobiliarias y agroindustrias

Ecocidio en Yucatán: comunidades mayas denuncian devastación en Tzemé y el avance del megaproyecto Ciudad Maderas pese a clausuras oficiales

Lucha por la tierra y las raíces
Lucha por la tierra y las raíces

La selva baja caducifolia no grita, pero sus raíces yacen rotas bajo el paso de la maquinaria pesada. En Tzemé, Kinchil, lo que debería ser un santuario arqueológico milenario está siendo transformado en terreno baldío con huellas de excavación y caminos hechos a golpe de retroexcavadora.

Desde octubre del 2025, comunidades mayas han señalado que Grupo Crío y contratistas vinculados a ella continúan trabajos en predios clausurados por daños ambientales y a patrimonio.

“El daño a nuestra tierra y nuestra historia no tiene comparación”, afirma Federico May Cuitún, vocero del Consejo Comunitario de Kinchil, quien ha liderado reuniones y denuncias públicas. Para los habitantes, no se trata de simples obras: es un intento de borrar vestigios culturales y ambientales que el pueblo ha cuidado por generaciones.

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Crío y la devastación en Tzemé

Las comunidades han denunciado que Grupo Crío –la empresa avícola señalada– ha desmontado al menos seis hectáreas de selva maya en el poniente de Yucatán para ampliar sus instalaciones, sin respetar fronteras comunales ni los sellos oficiales de suspensión.

La selva que desaparece ante las retroexcavadoras está a menos de un kilómetro de las estructuras ceremoniales de Tzemé, uno de los principales asentamientos mayas prehispánicos del poniente yucateco.

“Esto es ecocidio y etnocidio… destruyen no sólo bosque, sino nuestra forma de vida”, declaró Félix Antonio Canul Canul, productor rural de Kinchil.

Ciudad Maderas: el gigante inmobiliario en juicio

En el litoral de Progreso, el megaproyecto Ciudad Maderas enfrenta una batalla legal desde 2023. Denuncias de la Fundación Yansa derivaron en una suspensión definitiva judicial por daños ambientales y ausencia de autorización clara en terrenos de selva baja caducifolia.

La disputa abarca entre 100 y 200 hectáreas de bosque, parte de un corredor ecológico esencial para humedales y mitigación climática.

Pese a la clausura confirmada en octubre de 2025, la empresa no ha mostrado cumplimiento tangible, lo que agudiza la desconfianza comunitaria.

Crecimiento urbano vs. vida comunitaria

La zona metropolitana de Mérida duplicó su extensión territorial entre 2000 y 2020, presionando ejidos, bosques y humedales.

Se estima una pérdida de 19% de cobertura forestal entre 2001 y 2024, vinculada a agricultura industrial, fraccionamientos y parques industriales.

Comunidades como Ixil y Santa María Chi han logrado suspensiones judiciales contra proyectos sin consulta previa.

“Nos obligan a litigar contra empresas y el Estado”

Defensoras como Modesta Canul y Concepción Chan denuncian un modelo que coloca el capital inmobiliario y agroindustrial por encima del derecho comunitario, cultural y ambiental.

La falta de aplicación efectiva de clausuras genera desconfianza hacia el Estado.

El nombre de Felipa Poot, defensora asesinada hace más de 90 años, es invocado como símbolo de resistencia.

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Autoridades ambientales: clausuras sin cumplimiento

La Profepa y el INAH decretaron clausura total-temporal en noviembre de 2025 contra Grupo Crío por daño ambiental y falta de estudios de campo.

Sin embargo, las obras continuaron, alimentando la percepción de que las instituciones son solo “papel y tinta” frente al poder económico.

Las comunidades mayas convocaron a una movilización en defensa del territorio el sábado 21 de marzo, iniciando en el Remate del Paseo de Montejo rumbo al Palacio de Gobierno