De la Redacción
Son pocas las denuncias interpuestas por víctimas de robos con violencia, y son menos los resultados por parte de las autoridades correspondientes, quienes no mantienen ninguna postura ante estos hechos delictivos, ni otros delitos de alto impactos cometidos a lo largo y ancho de Benito Juárez en lo que va del año.
Cada vez son más comunes los robos con lujo de violencia al interior del supermercado, los cuales se han vuelto blanco de los delincuentes, quienes aprovechando la falta de vigilancia por parte de la Policía Municipal, ingresan principalmente en horas concurridas y portando armas de fuego amagan a clientes y empleados sin importar que en su mayoría son amas de casa, quienes con sus hijos se encuentran realizando la compra de sus despensas, ellos irrumpen de manera violenta y amenazando con accionar las pistolas amedrentan a la gente hasta que finalmente se llevan dinero en efectivo, no solo de las cajas registradoras, en ocasiones los clientes también son despojados de sus pertenencias.
Además, los encargados de supermercados, evitan siquiera dar información a las autoridades sobre lo sucedido minutos antes, los policías se enteran por clientes, quienes fueron testigos de la agresión, pero la falta de denuncia por parte de la víctima, fomenta los nulos resultados de las autoridades a quienes les corresponde dar seguimiento a los casos y los delincuentes continúan libres reincidiendo.
El último caso ocurrido fue la noche del pasado miércoles alrededor de las 20:00 horas, cuando cuatro sujetos portando armas de fuego, uno de ellos un arma de grueso calibre, amagaron a clientes y empleados del supermercado Soriana, ubicado en el fraccionamiento Urbi Villas, en la Región 107, hasta el momento no ha sido cuantificado el botín, ya que los sujetos al menos se dirigieron a siete cajas registradoras, así como algunos de los clientes, quienes tuvieron que ser atendidos por paramédicos por la crisis nerviosa que sufrieron tras la impresión, también fueron despojados de sus pertenencias, el caso de acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE), fue judicializado.