La ley obliga a todos los funcionarios públicos, de los tres niveles de Gobierno, a que deben rendir un informe detallado de cuántos bienes tienen, y de esa forma los ciudadanos podrán saber lo que tendrán al momento de dejar el cargo, así serán fiscalizados y se determinará si robaron o desviaron dinero público, declaró el abogado Manuel de Atocha Novelo Chávez.
“Si hicieron mal uso de dinero, podrían imputarse delitos como enriquecimiento ilícito, peculado y cohecho, pero la situación actual es que los funcionarios no están obligados a hacerlo público, y como ya lo dijo nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, que deben hacer su patrimonio público por cuestiones de índole moral”, aseguró.
Agregó que los funcionarios que no hagan pública su declaración patrimonial, no podrán trabajar en el Gobierno Federal y tendrán que renunciar o serán despedidos, porque una de las características del Gobierno de López Obrador es atacar la corrupción que ha estado cobijada, porque nunca informan lo que tienen al entrar y al salir.
“Hoy en día vemos políticos que entraron sin nada al cargo, pero salen con mucho patrimonio, casas impresionantes, negocios impresionantes, cuentas bancarias injustificables con lo que ganan, y no es posible que alguien tenga millones de pesos cuando ganan unos miles, y salen de los cargos millonarios”, apuntó.
El abogado indicó que el talón de Aquiles del funcionario es su riqueza, por ello se niegan a transparentar su patrimonio, porque tienen la intención de seguirse enriqueciéndose a costa del erario y de forma ilícita.
“El funcionario que no es transparente, oculta sus verdaderas intenciones, y hay que combatir los actos de corrupción a través de la transparencia, y por eso está la iniciativa en el Senado, que no sólo sea obligación declarar el patrimonio de cuando entran al cargo, sino quitar la reserva para que se haga público en los portales correspondientes”, abundó.
Fincar responsabilidades
Novelo Chávez dijo que con esta medida se podrán fincar responsabilidades, porque suelen desviar el dinero de obras y proyectos, y posteriormente tratan de justificarlo, por eso es muy importante que no sólo se cumpla con la ley, sino con la moralidad.
“Ya los que trabajan con AMLO van a transparentar, el problema es en los Gobiernos Estatales y Municipales, que no vemos que se acoplen a este espíritu de honestidad, sino que hacen su informe y lo manejan interno, ellos mismos se califican cuántos entran y salen de dinero, y nosotros no nos enteramos”, aseveró.
El litigante finalizó diciendo que en la forma de esconder sus bienes se ve la injusticia, si ellos mismos son juez y parte, tienden a robar y cometer actos ilícitos, por esos los niveles estatales y municipales también están obligados moralmente a transparentar su patrimonio, y que se investigue la forma en que lo obtuvieron.
(Texto: Dayana Alcalá / Fotos: POR ESTO!)