Durante el 2018 y parte del 2019, fueron evidentes las corruptelas del gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas, quien prefirió beneficiarse de los campechanos en lugar de apoyarlos, tal como demandaba su nombramiento, así lo demostraron el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la agrupación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el Inegi informó en las estadísticas que en México el 56.7 por ciento de población de 18 años y más considera que la corrupción es uno de los problemas más importantes que enfrenta la entidad federativa donde reside, sólo por detrás de la inseguridad y la delincuencia.
En Campeche, hay iniciados 454 casos al respecto pero ninguno de ellos sigue un procedimiento legal.
Durante el 2018, en la Ciudad de México se inició la mayor cantidad de procedimientos por responsabilidad administrativa con 22.0 por ciento del total nacional, seguida del Estado de México, con 17.4 por ciento, y Jalisco, con el 16.4. La menor cantidad se iniciaron en Nuevo León, Quintana Roo, Durango y Sinaloa, con menos de 10 procedimientos, pero en Campeche, Michoacán y Tamaulipas no se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa.
Específicamente, 5 entidades (Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, Hidalgo) concentraron casi 50 por ciento de las investigaciones iniciadas en el país. En 12 estados, la mayor cantidad de investigaciones se originaron de auditorías, observándose 80 por ciento de estos casos en Chiapas, Campeche y Sinaloa.
De igual forma, recordó que en el 2017, el 87.5 por ciento de los campechanos de 18 años y más había sufrido algún acto de corrupción que no denunció, superando el promedio hasta ese año, que era de 82.6 por ciento.
Además, afirmó que del 2015 al 2017, hubo un aumento de 2.9 por ciento de la población víctima de algún acto de corrupción, de nueva cuenta por arriba del promedio nacional que fue de 2.0 por ciento.
Para el 2018, el Gobierno de Campeche no había armonizado la norma Ley de Responsabilidades Administrativas, según las disposiciones normativas armonizadas con el marco normativo federal y órganos conformados en relación con la integración del Sistema Nacional Anticorrupción; tampoco había armonizado el Comité de Participación Ciudadana, Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción.
La entidad hace gala de no contar en el mismo año con la lucha contra la corrupción dentro del Plan o Programa de Desarrollo Estatal (PDE) dentro de éste, por lo que la institución no supo si atendía la seguridad pública, el desarrollo urbano, el desarrollo social y el desarrollo económico; menos que esté atendiendo la anticorrupción y el control interno.
Instituciones al borde de la corrupción
Por su parte, el MCCI destacó que “según los mexicanos, la corrupción afecta, además del desempeño económico (25% de las menciones), a la seguridad pública (20 %), la impartición de justicia (19 %), los servicios públicos en general (12 %), los servicios de salud (8 %), educación (7 %) y programas sociales (7 %)”.
“En lo que respecta a los actores económicos del sector privado, empresarios y medios de comunicación, si bien no son considerados los entes más corruptos, tampoco tienen una buena reputación: a nivel nacional, más del 75 % de la población considera que son corruptos o muy corruptos”, añadió.
En este rubro, se encuentra Campeche, el cual en repetidas ocasiones ha demostrado que los medios de comunicación y los empresarios están al servicio del gobierno en curso, además de que se rigen bajo corruptelas, como lo fue en la administración de Moreno Cárdenas, quien permitió varios atentados en contra de los ciudadanos con tal de que lo apoyaran, además de las altas remuneraciones monetarias que recibieron.
También el 91 por ciento de los campechanos considera que las cárceles, reclusorios, ministerios públicos y Suprema Corte de Justicia del Estado son corruptos, por lo que temen recurrir a alguna de estas instancias.
“Por su parte, las instituciones federales de seguridad (Policía Federal, Ejército, Marina, Guardia Nacional) tienen una mejor reputación que la Policía de Tránsito, de competencia local, que más que seguridad presta un servicio público de vialidad malo. La Policía de Tránsito es, junto con los partidos políticos, la instancia más corrupta, con 91 por ciento de las opiniones y es parte de los servicios públicos a los que 12 por ciento de la población refiere como muy afectados por la corrupción”, destacó.
De esta forma, en el apartado “Instituciones y Corrupción”, Sofía Ramírez Aguilar concluyó que las instituciones públicas, como parte del gobierno, no cuentan con buena reputación y en consecuencia tampoco con credibilidad. Las personas no denuncian porque no creen que las instituciones sirvan.
Así que una de cada 500 personas que denunció actos de corrupción en el último año tuvo que pagar o le fue solicitado un soborno al hacerlo (MCCI). Es decir, se revictimizó al denunciante en el proceso.
Como un llamado de atención al nuevo encargado del Gobierno del Estado, así como a otros jefes del Ejecutivo Estatal, finalizó: “Sin embargo, la mejor forma de volver a ganar la confianza ciudadana en las instituciones es dando resultados en las investigaciones de corrupción y de cualquier otra falta o delito, lo cual empieza por promover la denuncia en un contexto de eficacia, credibilidad y confidencialidad”.
(David Burelo)