La Barra Mexicana del Colegio de Abogados (BMA) realizó su seminario “Principios e Instituciones del Derecho de Energía” en Ciudad del Carmen, al ser uno de los sitios donde habrá mayor impacto con el rescate de la industria petrolera tal como lo ha anunciado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que como parte de su Comisión de Energía se explicaron los cambios en el modelo de la empresa y los retos ante el retorno del Estado en la toma de decisiones, y así brindar herramientas para quienes ejercen la abogacía vinculada con el sector energético local.
El presidente de la Comisión de Energía, el abogado Javier Centeno Barrios, expuso la situación actual sobre el marco legal de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en un contexto en el que coexisten los mecanismos impulsados por la Reforma Energética con los cambios planteados por la nueva administración federal que busca tener un papel preponderante pero sin excluir al sector privado, indispensable para la generación de inversiones que repercutan en la generación de empleos.
Centeno Barrios refirió que para la abogacía lo más importante es aplicar el estado de derecho “escrupulosamente” de acuerdo a lo establecido en la Constitución Mexicana, que para el caso de PEMEX la establece como una Empresa Productiva del Estado, “eso significa flexibilidad en su toma de decisiones, gestión adecuada y desde luego debemos de incrementar de manera especial todos los factores de transparencia”.
Mudanza paulatina
El integrante de la Barra Mexicana de Abogados abundó sobre la mudanza de la empresa a tierras carmelitas, lo que consideró un compromiso con muchos retos para el Gobierno Federal pero confió en que será un proceso que se dará paulatinamente, “lo importante es que las tomas de decisiones no sean solamente a nivel central, sino que consideren también las realidades locales y eso significa escuchar y entender qué es lo que esté sucediendo aquí a nivel local”.
Abundó sobre la flexibilidad entre el sector privado y el Estado, “PEMEX está sujeto a un régimen jurídico y también todas las demás empresas privadas que participan en el sector energía están sujetas a los márgenes de libertad establecidos por la Constitución”.
“Como empresa productiva tiene asignaciones para la perforación y extracción de petróleo y gas que pueden convertirse en contratos, que es un régimen diferente, tal vez un poco más flexible, un régimen fiscal que es un poco más conveniente para el propio Petróleos Mexicanos y las empresas privadas”.
Aunque todo ello sujeto a procesos de licitación que son convocados por el Estado Mexicano, “lo importante también es -y para efectos locales-, que PEMEX al momento de realizarlos tenga una capacidad económica y presupuestal y una libertad mayor para poder desarrollar sus proyectos”, lo que ya está buscando el Gobierno Federal con el anuncio de estímulos fiscales e inyección de recursos.
Pero, “va a necesitar forzosamente de la participación de la sociedad (…) de empresas que son prestadoras de servicios y personal que esté desarrollando y ejecutando el objeto de los contratos”.
Finalmente, consideró que por el momento no será necesario derogar completamente la Reforma Energética, pues contiene aspectos atractivos para la inversión privada que requiere el Gobierno Federal en estos momentos, “me parece que la política energética del país es suficientemente fuerte para poder privilegiar alguna situación, el marco jurídico es flexible, no es indispensable realizar un cambio fundamental ni substancial y muy bien el Gobierno Federal puede impulsar a PEMEX, eso implica mayor inversión, un régimen fiscal diferente y capacidad y posibilidad de poder desarrollar con más libertad sus proyectos”.
(Texto y fotos: Carlos Valdemar)