CAMPECHE, Cam., 9 de marzo.- De ninguna manera se vale que el ecosistema subsidie proyectos que ni siquiera tienen como propósito alimentar a la comunidad, sino que unos cuantos inversionistas se llenen los bolsillos con millones de dólares, declaró la representante legal de Movimiento Alterno de Recuperación de Ecosistemas Afectados (Marea Azul), Lourdes Rodríguez Badillo.
La reconocida ecologista consideró que es necesario que en Campeche y en todo el Sureste del país se revise el modelo de desarrollo económico, pues éste está basado en un uso y aprovechamiento irracional de los recursos naturales.
Otro detalle que le avergüenza abordar tanto al Gobierno como al inversionista es que los beneficios económicos que obtienen por expoliar el ecosistema van a parar a cuentas bancarias radicadas en el extranjero, generando un impacto social negativo en las regiones donde instalan sus desarrollos.
“A pesar del aprovechamiento irresponsable de sus recursos naturales, Campeche continúa siendo uno de los Estados del país con mayor diversidad biológica, poseedor de tres de las Areas Naturales Protegidas más importantes del país: Los Petenes, Calakmul y Laguna de Términos.
“Es en el Sureste donde se encuentran las reservas bióticas del país, pero sobre todo donde están los acuíferos menos contaminados, razón por la que el Gobierno Federal no debe autorizar más proyectos de macrogranjas porcícolas y, en el caso de la piscicultura, se les debe de mantener en monitoreo permanente.
“Es lamentable el caso de los ejidos Bethania, Hampolol y Chemblás, donde ya se trastocó la dinámica hidrológica por la apertura de drenes o canales que tienen como propósito desalojar las aguas residuales de la Granja Romellón, donde se cría una especie exótica como la tilapia”, dijo la entrevistada, quien además recomendó al Gobierno de la Cuarta Transformación intervenir inmediatamente en los casos de la megagranja de Dzitbalché y la Granja Romellón, en Campeche.
También consideró que es lamentable que hasta el momento ni la Procuraduría General del Medio Ambiente (Profepa) ni la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semnarnat) hayan intervenido ante la denuncia pública que hicieron los ejidatarios de la región, quienes lanzaron la voz de alerta ante la posibilidad de que la contaminación que genera la Granja Romellón ya haya llegado a Los Petenes.
Descuidan procesos
Rodríguez Badillo reconoció que el país requiere echar mano de alternativas como la acuacultura para atender las necesidades alimentarias de la población, pero también es cierto que las empresas no son necesariamente responsables, pues no respetan la normatividad, sobre todo en lo que se refiere a la disposición de sus desperdicios y las obras de saneamiento.
Hay una serie de ejemplos a nivel regional respecto a la forma irresponsable en que se manejan las granjas, sobre todo las porcícolas. El caso más reciente es el de Kinchil, Yucatán, donde la producción intensiva de cerdos propició la contaminación del suelo y acuíferos.
“Como era de esperarse, la empresa aludida, Kekén, ya se deslindó, sin embargo, se generó un daño irreversible a los recursos naturales de quienes habitan el municipio de Kinchil, cuya comunidad depende de la actividad turística.
“La empresa Kekén produce suficiente cerdo para abastecer la Península de Yucatán y posiblemente media República Mexicana, pero su principal mercado es el asiático, debido a los problemas sanitarios que enfrentan países como China y Japón, que son los principales consumidores de carne de cerdo del mundo.
“Ese es el problema, que nuestra industria alimentaria no está enfocada a buscar la autonomía alimentaria, sino a hacer dinero, dinero que queda en muy pocas manos. Todo ello a costa de agredir al medio ambiente, por ello ya no debe permitirse este modelo de desarrollo.
“En Asia y Europa existe un total rechazo hacia las megagranjas, pues tanto la sociedad civil, gobierno e incluso los agroproductores ya no saben qué hacer con los desperdicios que generan los cerdos, pues son animales que producen más caca que carne.
“Si bien es cierto que el excremento de estos animales se puede usar como abono, la realidad es que existen excedentes que finalmente terminan contaminando el agua y el suelo. En esos países, sobre todo los europeos, las normas oficiales son muy estrictas, pero aun así las infringen y el Gobierno ya decidió no seguir subsidiando obras de saneamiento, porque precisamente la carne que se produce no es para el consumo interno sino para exportación”, explicó.
Por otra parte, aseguró que en el caso de la acuacultura, el problema no es tan diferente, pues los peces de engorda producen tanto o igual cantidad de desechos orgánicos que el cerdo, por lo que urgió que, tras los denuncias públicas realizadas por los campesinos de Bethania y Hampolol, intervengan las autoridades que tengan que intervenir.
Explicó que, al igual que ocurre con la producción intensiva de cerdos, a medida que se intensifica el sistema, mayor cantidad de insumos y materias primas son utilizados, pero sobre todo se abusa en el uso de un recurso elemental que es el agua.
Acuacultura, actividad de alto riesgo
“En el caso de las granjas de tilapia, se tiene que hacer uso de recambios periódicos de agua, desinfección y lavado de estanques de producción, entre otras actividades que tienen un impacto negativo y directo en el agua y en el medio ambiente en general.
“En la producción intensiva de peces se usa una serie de compuestos químicos, sobre todo desinfectantes y antibióticos para prevenir enfermedades en los animales, mismos que jamás son desactivados totalmente y terminan acumulándose en el medio ambiente, donde generan afectaciones a la fauna y flora local.
“Como se ha comprobado en el caso de los ejidos de la Junta Municipal de Hampolol, el manejo irresponsable de las aguas supuestamente tratadas de la Granja Francisco Romellón ya propició un impacto directo a quienes se dedican a la siembra de hortalizas y cría de especies menores, debido a la sobresaturación del manto freático”, acusó la ecologista.
También observó que, a pesar de las denuncias de los productores, ninguna autoridad se atreve a intervenir, para al menos verificar si existe o no contaminación y cuál ha sido el nivel de afectación al ecosistema y a los seres humanos.
Urge evitar desastre
Rodríguez Badillo declaró que el acuífero yucateco es posiblemente el más importante del país, pero no se ha creado conciencia a la población sobre este valiosísimo recurso natural, que podría ser incluso más importante que el petróleo, ya que éste último “no se toma”.
“Los habitantes del Camino Real y de Los Chenes tienen que actuar. No saben lo que se les viene encima. Los carmelitas tenemos ya más de 40 años sufriendo las consecuencias negativas de la explotación petrolera, actividad que, si bien genera grandes beneficios al país, ha marginado a la población local y propiciado el empobrecimiento de nuestro ecosistema.
“Confío en que tanto los pobladores de Campeche, como de Dzitbalché, en Calkiní, y los de la región de Los Chenes, donde tiene lugar otro gravísimo problema que es el de la deforestación, se organicen en colectivos y preparen la defensa de lo que es su principal patrimonio: el ecosistema”, puntualizó la entrevistada.
(Joaquín Vargas / Fotos: Especial)