CHAMPOTON, Cam., 24 de abril.- Hasta ahora no hay quien ponga freno al ecocidio del saqueo indiscriminado de arena y conchuela y la de mangle.
Hoy las autoridades continúan con la destrucción del ambiente, cuando hay dos dependencias federales, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para ventilar este caso de destrucción que afecta a la población más cercana.
Hace dos años, a la ex delegada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rocío Abreu Artiñano, hoy diputada federal, se le solicitó para que promoviera que no sean explotados los manglares y terrenos costeros, pero se desligó de todo, pese al daño que ya venía creciendo y que hasta hoy una franja de dos kilómetros está saqueada, cuando antes era el arrecife natural para los pueblos cercanos.
Hoy en día, se demuestra que los funcionarios federales de la Semarnat y la Profepa podrían estar cayendo en la corrupción, son ellos los que ya deben saber que el corte de mangle rojo y la excavación de la conchuela pegado al mar, entre la población de la ex finca de Paraíso a la zona de los cockteleros es saqueada brutalmente, que ninguna de las dos dependencias federales le ponga un alto aun cuando a la vista de esos funcionarios continúan el destrozo.
En lo que un día fuera terrenos del cultivo de cocos con una superficie de 25 hectáreas o sea 25 mil metros cuadrados, el Gobierno actual no toma en cuenta las denuncias que se han hecho en múltiples ocasiones, al grado que presta nombres han amenazados a los comisarios ejidales del poblado de Paraíso, cuando es la dependencia federal de la Semarnat quien debe actuar conforme a derecho para evitar el ecocidio.
Esta dependencia es la responsable de los permisos en la zona federal en los límites de las costas del Golfo de México que abarca el Estado de Campeche desde la comunidad de Atasta hasta Isla Arena, mas a esta funcionaria federal poco le importa los daños que puedan ocasionar las empresas, como la cementera Montserrat Sand, S.A. de C.V., así como Chakas y el Ingenio La Joya.
El licenciado Oscar Cordero Huerta, que está en el área jurídica del Sindicato de la Construcción “Mariano Escobedo”, dijo que los gobiernos hacen y deshacen sin tomar en cuenta el daño que luego afecta a terceros que es la población, y las acusaciones que se han venido difundiendo, de la empresa Chakas, así como de la empresa Montserrat Sand, fincada en los terrenos de Paraíso y de Seybaplaya, es un acto de corrupción.
En ella debe haber una cláusula que se diga que no se debe permitir la destrucción de los arrecifes naturales, como ya sucedió en Paraíso, donde la empresa Chakas acabó con la arena y hasta hoy las autoridades federales y según la ex delegada, Rocío Abreu Artiñano, nada hacen para impedirlo, cuando el decreto para defender los litorales de las costas, salió en el año 2000, y el permiso fue dado hace 18 años, por lo tanto, no puede ser posible que esta dependencia federal aún no impida este ecocidio.
(Erasmo Cruz Díaz)