El reciente retiro de más de 20 patrullas al Gobierno del Estado por falta de pago a la empresa Servicios Arrendadores S.A de C.V., adeudo arrastrado desde el mes de julio del año 2018, pone en entredicho el estado en el que se encuentra del sistema de videovigilancia arrendado por el entonces Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, por un monto de 116 millones 845 mil 445 pesos, mismo que se supone deberá estar en servicio hasta el 2021, aunque se presume que, al igual que con las patrullas, por falta de pago, las cámaras podrían estar parcialmente fuera de servicio.
Cabe resaltar que es altamente peligroso e irresponsable que el Gobierno Estatal haya dejado en manos de empresas privadas dos servicios tan importantes para la seguridad pública: el de videovigilancia y los vehículos policiales.
Durante la administración de Enrique Peña Nieto, el Gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas recibió participaciones federales de forma indiscriminada, por lo que el ahora ex titular del Ejecutivo Estatal se permitió adquirir, bajo el esquema de arrendamiento, patrullas y el servicio de videovigilancia.
Según se pudo investigar, durante los años 2017 y 2018, el Gobierno de Campeche pudo responder a las exigencias del contrato plurianual por el arrendamiento de plataforma de gestión de video VMS; sin embargo, al iniciar el nuevo Gobierno Federal y endurecerse las medidas de fiscalización y los mecanismos para la ministración de los recursos -sobre todo en aquellos casos en los que los gastos no están plenamente justificados- la administración estatal no ha encontrado la forma para pagar oportunamente a sus proveedores consentidos.
Fuentes cercanas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Campeche reconocieron la existencia de fallas en algunos de los sectores, ya que dependen casi totalmente del servicio de reparaciones y mantenimiento que ofrece el arrendatario, por lo que el sistema de videovigilancia podría no estar funcionando al 100 por ciento.
Como se recordará, el convenio plurianual fue firmado el 27 de marzo entre Interconecta, S.A. de C.V. y el Gobierno del Estado de Campeche, y consistió en la instalación de 105 videocámaras en 32 puntos de la Ciudad de Campeche; 92 en 30 puntos de Ciudad del Carmen; 12 en cuatro puntos de Champotón, y 12 en cuatro puntos de Escárcega.
A la fecha, sobre todo en Ciudad del Carmen, no se ve por ningún lado la utilidad de contar con este oneroso sistema de videovigilancia, que técnicamente no pertenece a las instituciones de Seguridad Pública y del que no se tiene ni siquiera el control absoluto.
Sistema de seguridad muy riesgoso
El esquema de contratación y subcontratación fue expuesto por los Gobiernos Neoliberales como la solución a las necesidades de algunos sectores del servicio público y como la posibilidad de generar economía y empleos; sin embargo, nunca se pensó en las consecuencias negativas, principalmente el hecho de que este tipo de esquema facilita la opacidad y la posibilidad de corruptelas.
De esta forma se ha podido atestiguar que productos o servicios que costaban 10 pesos, los contratistas lo vendían al Gobierno en $100. La contratación, incluidos los arrendamientos, significan una enorme sangría para el Gobierno, ese esquema también infestó a los partidos políticos, mismos que en la actualidad prácticamente carecen de patrimonio.
Resulta sumamente grave que aspectos ligados a la seguridad pública dependan de contratistas: ¿Cómo es posible que el Gobierno del Estado no tenga dinero para comprar sus propias patrullas?
Es lamentable observar que algunas comunidades de Champotón hay camionetas al servicio de Seguridad Pública que fueron adquiridas en sexenios anteriores y aún están funcionando, pero no ha sido por iniciativa de los Gobiernos Estatal o Municipal priístas, sino porque la gente de las comunidades las ha cuidado. No es posible que cada sexenio se tenga que renovar totalmente el parque vehicular o que se tenga que depender de un arrendador de vehículos para poder motorizar a la Policía.
Existe el riesgo de que, si los sistemas de gestión de video o de videovigilancia están bajo el control de civiles, tal y como está precisado en el contrato firmado entre el Gobierno del Estado y la empresa Interconecta S.A. de C.V., el proveedor suspenda o limite el servicio; en el caso del servicio de videovigilancia, se corre el riesgo de que éste pueda ser infiltrado y la información usada para fines no lícitos.
Por otro lado, también hay que señalar que en Campeche, el servicio de videovigilancia puede estar utilizado para que los funcionarios vigilen a sus enemigos políticos. Resultaría muy grave que se haya adquirido en renta equipos tan costosos únicamente para espiar al ciudadano y no para combatir la delincuencia o prevenir delitos.
Cerca de $2 millones al mes
La empresa Interconecta cobra, desde el 2017, un millón 900 mil 544 pesos al mes al Gobierno del Estado por el arrendamiento de cámaras e infraestructura de videovigilancia. En total, la inversión en este rubro asciende a 116 millones 845 mil 445.12 pesos, mismos que serán pagados con el dinero de los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
A todas luces, el contrato firmado con Interconecta S.A. de C.V. resulta bastante oneroso para los contribuyentes campechanos, sobre todo porque no ha contribuido prácticamente en nada para disminuir la incidencia delictiva en los sitios donde el servicio de gestión de video fue instalado.
En Ciudad del Carmen, al menos el 35 por ciento que se encuentran localizadas en las principales avenidas de la Isla se encuentran deshabilitadas.
Ahora un impuesto más se prevé para los campechanos y carmelitas, ya que por indicaciones de la CFE cada una de las cámaras de seguridad de la Policía deberá contar con medidor de luz.
La comunidad isleña pagará por un servicio inservible, ya que, a pesar de que las videocámaras no funcionan, estas consumen electricidad, cuyo consumo será contabilizada en los recibo de luz de todos los usuarios.
Al menos, 30 hechos delictivos al día
Según estadísticas, en el “Estado más seguro del País” se registran diariamente cerca de 30 hechos delictivos -que comprenden desde robos a casa habitación, a transeúnte, comercios y vehículos, hasta privación de la libertad y más-, de los cuales solo ocho son canalizados a las autoridades competentes, a pesar de las grandes y millonarias inversiones en materia de seguridad que tanto presumió “Alito” en su momento; sin embargo, la realidad que se vive en la Isla indica que la “millonaria estrategia” no ha funcionado en lo más mínimo en beneficio de la población.
Las estadísticas no engañan y, a pesar, de que el Gobernador ha intentado maquillar las cifras de seguridad del Estado, estas salen a relucir por cuenta propia.
Violentos asaltos se registran frecuentemente en la Isla, los robos suceden a plena luz del día, sin que el “fuerte equipamiento” y las fuerzas “altamente entrenadas” puedan siquiera dar con los sospechosos, quienes huyen tranquilamente, incluso a pie, sin que nadie los moleste.
(Texto: Redacción / POR ESTO! /
Fotos: POR ESTO! / Especial)