El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), Javier Ignacio Cherrez Sierra, así como las autoridades de la acéfala Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estatal, son señaladas por medios nacionales por participar en un esquema de defraudación y despojo inmobiliario, luego del caso del Rancho Cayamba, ubicado en la carretera Carmen-Puerto Real, con un valor de más de 100 millones de pesos, en el que habrían irrumpido efectivos ministeriales estatales el pasado mes de junio, para tomar posesión del predio.
El fin de semana, portales nacionales consignaron un complejo entramado de corrupción en que serían partícipes las autoridades estatales con pleno conocimiento del Gobierno del Estado, que recientemente abandonó el ex Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas.
Sobre la propiedad citada existe un proceso jurídico entablado por un grupo financiero a nivel nacional, cuyos representantes señalan a autoridades de Ciudad del Carmen, como el propio Javier Cherrez Sierra, además del involucramiento de la Notaría número 12, a cargo de Jaime Antonio Boeta Tous, así como al Registro Público de la Propiedad (RPP) en la Isla, dirigido por María Montejo Contreras.
El caso data desde el 2015, cuando la financiera otorgó un crédito a una empresa proveedora de PEMEX (Evya), pero al incumplir con el pago se ejecutó la garantía que era la propiedad en cuestión de cuatro hectáreas y un valor millonario.
Por tal motivo, desde el día 7 de junio, la compañía financiera había asegurado el predio con personal de seguridad privada, pero días después, presuntos efectivos ministeriales habrían irrumpido con violencia para retomarlo, esto luego de que el propio Javier Ignacio Cherrez Sierra fuera omiso y no notificara a la entidad financiera de una supuesta adjudicación decretada en al JLCA.
Cherrez Sierra habría ordenado, sin sustento, la cancelación de las inscripciones de hipoteca en el RPP, y finalmente en la Notaría número 12 se generó una nueva escritura de enajenación del Rancho Cayamba.
Todo esto se realizó mediante un juicio laboral promovido por un tercero a inicios del 2019, y que extrañamente concluyó en seis meses.
Cabe señalar que sobre el presidente de la JLCA, Javier Ignacio Cherrez Sierra, se acumulan numerosas acusaciones y señalamientos en su contra, trabajadores de Oceanografía han insistido en que sea separado del cargo, debido a sus nulos resultados en el caso que estos obreros mantienen desde hace más de 6 años, por lo que resulta ilógico que en el caso del Rancho Cayamba se haya resuelto en menos de 6 meses, lo que corrobora, una vez más, oscuros intereses en las autoridades laborales del Estado.
20 mil expedientes
de despojo
Como se recordará, el 1 de julio POR ESTO! Campeche publicó información sobre dependencias gubernamentales de Campeche, como el Registro Público de la Propiedad, la Secretaría de Trabajo (STPS) y notarías públicas de la Entidad conformaron una mafia para hacerse de bienes de particulares con alto potencial. Sólo en el Sureste suman 20 mil expedientes relacionados con despojo, venta ilegal de bienes inmuebles y otros delitos vinculados con la propiedad de la tierra. Lo anterior fue denunciado por representantes de la empresa BCW (Burson Cohn & Wolfe).
En esa ocasión, Adolfo Ruiz Guzmán, director de Comunicación y Relaciones Públicas de la entidad financiera Banco Ve por Más S.A. (BX+), acusó a estas dependencias estatales de incurrir en el más grande despojo de inmuebles en México e, incluso, se ha convertido en el modus operandi de autoridades laborales, del registro público de la propiedad y notarías.
Ruiz Guzmán expuso que muchos ciudadanos no se atreven a denunciar o no cuentan con evidencias para desenmascarar a esta mafia de corrupción que se hace de bienes de particulares con alto potencial en todo el país. “Los casos más sonados se han dado en la Península de Yucatán y en la Ciudad de México”, señaló.
El vocero de la mencionada empresa acusó que la flexibilidad de la ley laboral y sus recovecos permiten una serie de simulaciones para apropiarse de cualquier bien inmueble, del cual han sido víctimas cientos o miles de ciudadanos campechanos y de la Península.
Recuperan rancho con violencia
Ruiz Guzmán narró que el sábado 15 de junio se presentaron sin orden de alguna autoridad judicial alrededor de 40 personas, que mediante violencia y uso de armas blancas, despojaron a la entidad financiera de la posesión del inmueble, justificándose por una supuesta adjudicación decretada por la Junta Especial No. 1 de Conciliación y Arbitraje de Ciudad del Carmen, que no llamó a juicio a la entidad financiera y ordenó, sin sustento alguno, la cancelación de las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad y la escrituración del inmueble, que se ha llevado a cabo el día 20 de junio del 2019 en la Notaría No. 12 de Ciudad del Carmen.
(Texto: Redacción / POR ESTO! / Fotos: POR ESTO! / Especial)