José Antonio Ruz Hernández, rector de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), prefiere mantener vigentes contratos anuales de más de 6 millones de pesos por “vigilancia privada” con una misma empresa en vez de ordenar el pago que le debe la institución a los trabajadores por el aumento salarial del 3.35 por ciento.
Grupo Gema de Vigilancia y Protección Especializada S.A. de C.V. es una de sus empresas favoritas -y con presuntos nexos familiares- de Ruz Hernández con la que ha sacado más de 12 millones de pesos desde 2018.
Esos mismos millones son los que faltan por depositar a las cuentas de los todos los trabajadores universitarios acorde al aumento salarial que marca el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y la revisión contractual del año pasado.
Antecedentes
Este año a finales de su periodo Gilda Angélica García Argáez, ex secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de la UNACAR (SUTUNACAR), modificó el CCT por orden de su rector Ruz Hernández, exentando a la Institución de hacer el pago del aumento salarial hasta que el recurso -que proviene del Gobierno Federal- se radique.
Ruz Hernández, en vez de defender los intereses de los trabajadores de la UNACAR y hacer gestiones efectivas para sufragar la carencia, prefirió culpar ayer a la Federación en medios de comunicación pagados.
José Ramón Magaña Martínez, actual dirigente del SUTUNACAR, explicó que antes la situación era diferente, ya que las cláusulas del CCT comprometían a la Máxima Casa de Estudios a hacer efectivo el aumento salarial sin ninguna excusa de por medio.
Quiénes son
“Grupo Gema”
Trabajadores anónimos de la UNACAR denunciaron en meses pasados una supuesta relación familiar entre Ruz Hernández y Grupo Gema que renovó su contrato millonario de “seguridad privada” 2019 con la Institución.
Familiares de funcionarios de la oficina del Rector podrían estar incrustados en puestos claves de esta empresa que recibirá este año 6 millones 612 mil 557 pesos con 38 centavos, acorde al contrato C/UNACAR/LP/SRV/003 /06/2019.
Personal universitario señaló a Carlos Ruz Hernández, hermano del rector, de ser el contador de Grupo Gema ya que es él quien acude a los planteles de la UNACAR a pagar las miserables semanas a sus vigilantes.
Contra la Legislación
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), en su Artículo 3, Fracción VI, se entiende por conflicto de interés: “La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.
Así mismo, en su Artículo 49, Fracción IX, la misma LGRA detalla que incurrirá en falta administrativa el servidor público que no se cerciore, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de bienes y prestación de servicios, o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular no incurre en conflicto de interés, por lo que al estar un familiar directo incrustado en la empresa en cuestión se estaría cayendo en el Artículo 3 de dicho marco legal.
Acorde a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su Artículo 50 Fracción I, señala que: “Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios…”.
(Texto y fotos: Redacción /
POR ESTO!)