La Red de Mujeres (REDMyH) se sumó al llamado de las exigencias nacionales e internacionales que instan a los gobiernos a garantizar la protección de la vida y seguridad de las mujeres, adolescentes y las niñas, reivindicando que puedan decidir libremente sobre sus cuerpos.
Las representantes de la red, Isabel Rodríguez, Shirley Dzul, Liliana Lomelí y Estela Reyes, denunciaron que les preocupa que dentro de las instituciones públicas existan servidoras y servidores públicos que basadas en sus creencias personales se oponen a que las mujeres y las niñas puedan ejercer sus derechos de manera plena, lo que favorece contextos de violencia y criminalización.
Indicaron que toda persona tiene el derecho de pensar, sentir y actuar conforme a sus ejes morales, pero que es importante recordar que el Estado a través de sus instituciones tiene la obligación constitucional de promover, proteger y garantizar los derechos de todas las mujeres, adolescentes y niñas.
Expusieron que existe una falsa creencia de que las y los adolescentes cuentan con educación sexual integral que les permite tomar decisiones de manera informada y que los embarazos en adolescentes son consecuencia de la irresponsabilidad.
“Esta falsa creencia es discriminatoria de las juventudes y no reconoce que la problemática es más amplia, según datos aportados por la CONAPO en su Informe sobre Salud Sexual en Campeche señala que un gran número de mujeres y adolescentes no cuentan con acceso a métodos anticonceptivos”, asentaron.
Las feministas mencionaron que según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 la necesidad insatisfecha de anticonceptivos total para las mujeres en edad reproductiva con actividad sexual de Campeche es de 12.9 por ciento, dato superior al nacional de 10.9%.
Añadieron que las mujeres de 15 a 24 años son las que presentan mayor necesidad insatisfecha con 27.8 por ciento, al igual que a nivel nacional con 21.9, por lo que representa por sí mismo una afectación a su derecho a decidir el espaciamiento y número de hijos que desea tener.
“Por otra parte el Informe sobre Fecundidad en Niñas y Adolescentes de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población concluye que Campeche entre otros estados como Guerrero, Chiapas, Coahuila, Baja California Sur, Tamaulipas, Morelos, Yucatán prevalecen altos niveles de fecundidad en las niñas y adolescentes de 10 a 14 años así como niveles altos de marginación.
Por ello, la RedMyH A.C., a través del área de Servicios Integrales en Sexualidad (SISEX) ha brindado atención a más de mil 847 personas jóvenes, en casos de prevención, detección de VIH/Sida y acceso a métodos anticonceptivos en el periodo de abril 2018 a agosto 2019; de los cuales 115 mujeres entre 15 y 30 años han solicitado información sobre la interrupción legal del embarazo.
“Campeche se encuentra entre los 10 primeros lugares de violencia sexual contra niñas, según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que presenta un incremento importante de expedientes abiertos por delitos sexuales ocupando la posición número 12 de los estados con mayor violencia hacia las mujeres”, mencionaron.
“Por ello reconocemos el gran avance que significó la resolución de la SCJN en relación a las controversias constitucionales contra la NOM-046 la cual insta a los gobiernos, entre ellos, el de Campeche a garantizar que las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violación puedan acceder a la interrupción del embarazo de manera pronta, segura y gratuita en las instituciones de salud, sin la necesidad de interponer una denuncia”.
Indicaron que quienes se oponen al derecho a decidir de las mujeres sobre la interrupción del embarazo y quienes promueven reformas retrógradas se niegan a reconocer que detrás de un aborto inducido hay embarazos forzados, falta de acceso a la anticoncepción o falla de algún método, violencia sexual, falta de acceso a la salud, a la educación y mujeres en situación de cárcel así como pobreza, soledad, marginación e incompatibilidad con el proyecto de vida de las mujeres que ha si lo deciden.
“Es por ello que nos parece urgente que se capacite a las y los servidores públicos, se garantice la disposición de persona no objetores de conciencia, se garantice la provisión de los anticonceptivos y métodos de barrera para la prevención de embarazo y de Infecciones de Transmisión Sexual y Educación Sexual e información”, finalizaron.
(David Burelo)