Campeche

Campechanos respaldan cateos en las cárceles

Las llamadas de extorsión y fraudes telefónicos afectan diariamente a campechanos. Autoridades realizan operativos en penales para frenar este delito, sancionado con hasta 25 años de prisión.

Fraudes vía telefónica, un delito cotidiano en Campeche
Fraudes vía telefónica, un delito cotidiano en Campeche / Por Esto!

Las llamadas de extorsión y los intentos de fraude vía telefónica se han convertido en una práctica cotidiana que afecta a los campechanos, quienes se han visto obligados a adoptar diversas medidas preventivas para evitar daños.

Entre ellas destacan no responder llamadas de números desconocidos o esperar a verificar si una llamada entrante es insistente.

Trabajadores y amas de casa como Silvia, Candelaria, Karo y Carlos señalaron que han tomado diferentes medidas para evitar ser víctimas de este delito, como activar la opción de “spam” en sus celulares, a fin de detectar posibles llamadas maliciosas.

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Los ciudadanos celebraron que las instituciones de seguridad federal estén realizando operativos en centros penitenciarios de Campeche para evitar las llamadas de extorsión, ya que consideran que en su mayoría surgen de estos lugares.

Un ejemplo ocurrió en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Ciudad del Carmen, donde elementos de seguridad federal y estatal ingresaron y decomisaron armas de fabricación penitenciaria, drogas, celulares y bebidas embriagantes.

Silvia, Candelaria, Karo y Carlos coincidieron en la importancia de que las autoridades federales continúen realizando operativos para garantizar que los reos no incurran en más acciones ilícitas.

Silvia destacó que una persona afectada por un delincuente en la calle puede denunciar, pero si es víctima de extorsión telefónica, no se sabe qué procedimiento seguir ni si la autoridad actuará.

Actualmente, este delito se sanciona con penas de 15 a 25 años de prisión, además de multas que oscilan entre 33 mil 942 y 56 mil 570 pesos. Las sanciones aumentan a 7 a 17 años adicionales cuando el responsable es recluso de un centro penitenciario, independientemente de su situación procesal.