El presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso Local, José Antonio Jiménez Gutiérrez, acusó al Ayuntamiento de Campeche de haber cedido los servicios públicos a la empresa Gobierno Verde y Digital (GOVERDI) para desviar recursos; preocupan los despidos masivos.
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Tras el despido de más de 60 trabajadores que se registró este fin de semana por parte de dicha empresa, el también diputado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) reprobó la situación.
Los ahora ex trabajadores, entre estas mujeres embarazadas, indicaron que los despidos fueron de la noche a la mañana, comenzaron el viernes 28 de junio, pero además se les tienen retenidas quincenas y se les pretende liquidar solamente con cuatro mil pesos por casi un año de labores desde que GOVERDI comenzó a operar en octubre del 2024.
Al respecto, Jiménez Gutiérrez externó que es preocupante, la prioridad es proteger los derechos de los trabajadores, sea una empresa privada o una institución pública, por lo que el Congreso Local estará muy atento, pues por el actuar de la empresa GOVERDI, a cargo del director general Miguel Ángel Hernández, la percepción es que probablemente se presente una segunda oleada de despidos masivos.
Recordó que desde el principio, cuando el Ayuntamiento de Campeche privatizó los servicios públicos mediante la empresa GOVERDI, se hacía no con el fin de mejorar las condiciones en la ciudad, sino que había un interés.
“Ese interés lo creemos desde una postura del Grupo Parlamentario de Morena, es utilizar a GOVERDI para hacer desvíos de recurso público y para utilizar en otra cosa, menos en garantizar servicios públicos de calidad como lo establece nuestra Constitución”, resaltó.
Acerca de los casi mil millones de pesos que el Ayuntamiento de Campeche acordó destinar a la empresa con un contrato de tres años, y según los ex trabajadores, ahora resulta que no tienen para pagar y por eso los despidos, el diputado indicó que crea más dudas con relación a qué se hace con el erario público.
Destacó que ahora corresponde a los ex trabajadores ampararse mediante la Ley Federal del Trabajo, con sus recientes reformas, mientras a las instituciones de Conciliación y Arbitraje velar por las garantías laborales.
“Es la primera vez que existe en la historia de este Estado que se le dé tanto recurso público de casi mil millones de pesos a una sola empresa y que un municipio de nuestro estado decida dejar de atender los servicios públicos por sí mismos y que traslade esta responsabilidad constitucional a una empresa”, sostuvo.