Bajo los arcos del Palacio Municipal, donde alguna vez laboraron como servidores públicos, un grupo de extrabajadores del Ayuntamiento de Campeche ha convertido la banqueta en su nuevo sustento. Venden antojitos para sobrevivir, mientras esperan justicia tras casi un año de lucha por su reinstalación y el pago de salarios caídos.
Los afectados fueron despedidos en agosto de 2024, sin previo aviso ni justificación legal. Muchos de ellos contaban con más de 20 años de servicio en áreas como Cultura, Mercados y Servicios Públicos. El argumento oficial fue una reestructuración administrativa, aunque líderes sindicales y regidores han denunciado que los despidos respondieron a intereses políticos y acomodos internos promovidos por la alcaldesa Biby Rabelo.
Tamales, escabeche, spaghetti, postres, aguas frescas y chicharrones forman parte del menú que ofrecen desde una mesa improvisada frente al edificio de gobierno, en un esfuerzo por llevar alimento a sus hogares mientras continúan exigiendo la reinstalación laboral.
Un movimiento encabezado por Luis Chab Ruiz
La protesta es liderada por Luis Chab Ruiz, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno Municipal (SUTSGM), quien ha mantenido la toma de nota vigente hasta 2028. Desde septiembre de 2024, los extrabajadores instalaron un campamento frente al Palacio Municipal, donde han resistido lluvias, intimidaciones y omisiones institucionales.
¿Qué exigen?
- Reinstalación laboral con base y prestaciones
- Pago de sueldos caídos
- Respeto a los laudos ganados en tribunales laborales
- Transparencia en el manejo de recursos públicos
Algunos ya cuentan con resoluciones favorables de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), que ha exigido al Ayuntamiento cumplir con los plazos legales para resolver cada caso.
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¿Hay avances en su caso?
Tras múltiples audiencias con funcionarios municipales, los extrabajadores recibieron un plazo de ocho días para que el Ayuntamiento respondiera a sus demandas. Sin embargo, hasta ahora no hay una solución concreta. La administración ha argumentado que los manifestantes tienen deudas pendientes por créditos bancarios, lo que ha sido considerado una estrategia dilatoria por los afectados.
Un reflejo de la crisis institucional
La situación se agrava en medio de denuncias por privatización de servicios públicos, opacidad en contratos con empresas como Goverdi, y señalamientos de desvío de recursos durante la gestión de Biby Rabelo6. Mientras tanto, los extrabajadores continúan su lucha, ahora con comales encendidos y mesas improvisadas, vendiendo empanadas, panuchos y tamales para llevar comida a casa.
JGH