La pugna entre los dos grupos panistas persiste, mientras el exsecretario general Josué Rodríguez Golib adelantó que impugnarán con procedimientos jurídicos, no mediáticamente, a la directiva provisional. Por su parte, la dirigencia estatal en funciones enumeró tres factores que propiciaron la disolución del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN):
- Falta de transparencia financiera,
- Pagos irregulares y obligaciones incumplidas, y
- Desacato y obstrucción del proceso interno, que le imputan a Rosario Cruz Hernández.
El legislador del PAN, ante la difusión en redes sociales, fue criticado por el delegado provisional Carlos Alberto Valenzuela González, quien consideró que debió ser imparcial, sobre todo al incluir a personas de la anterior directiva encabezada por Nelly Márquez Zapata.
Valenzuela manifestó que no se debió degradar el comité a delegación, sino respetar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado, por lo que no se otorgaron poderes ni se realizó la recepción de la directiva, como resolvió el organismo jurisdiccional.
Afirmó que existen inconsistencias en las acusaciones, las cuales han sido desmentidas con pruebas. Dijo también que los estatutos del PAN son conocidos por ambas partes, y que por respeto a la vida interna del partido, no deberían hacerse públicos en redes o medios.
Negó que no se realizara el proceso de entrega-recepción, afirmando que todo quedó asentado en actas con los señalamientos de la directiva saliente. Sobre los vehículos no entregados, explicó que en el caso de Tenabo, uno fue comprado con cuotas de regidores y bajo la gestión de Yolanda Valladares.
Respecto a los gastos de campaña sin comprobar, aclaró que la multa del INE se dividió entre los tres partidos de la coalición, y que las responsabilidades eran de las candidaturas, además de que a nivel federal no postularon candidatos.
En redes sociales, la directiva provisional reiteró las tres causas de la disolución del comité:
- Falta de transparencia financiera: No entregaron información clave a la Comisión de Vigilancia Nacional, fueron multados por el INE con cerca de 2 millones de pesos, y se les retuvo el 10 % del financiamiento federal por incumplir obligaciones fiscales.
- Pagos irregulares y obligaciones: No entregaron cinco vehículos, hubo acumulación de deudas por servicios sin vigilancia, no se cubrieron cuotas obligatorias del 10 % del salario de funcionarios, y se pagaron rentas sin contratos durante tres años.
- Desacato y obstrucción: Se abandonó una sesión estatal para impedir la elección de nueva dirigencia, y se desobedecieron resoluciones internas del PAN.