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Caso ‘Cantaritos’ en Calkiní llega a la FGR y Fiscalía Anticorrupción; crueldad animal costaría hasta 10 años de prisión

La Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción del Estado investigan a funcionarios de Calkiní y a una diputada local por presunta participación en actos de crueldad animal con fauna silvestre.
El caso “Cantaritos” será investigado por la FGR y la Fiscalía Anticorrupción.
El caso “Cantaritos” será investigado por la FGR y la Fiscalía Anticorrupción. / Por Esto!

Por la participación de la Alcaldía de Calkiní y de una diputada local en los actos de crueldad animal ocurridos en los barrios de Kilakán y La Concepción, donde pobladores rompieron “cantaritos” que contenían animales silvestres, a los cuales apalearon y mataron, se interpondrán denuncias ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado (Feccecam).

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Así lo confirmó el fiscal especializado en delitos contra animales, ambientales y ecosistemas del Estado, Alexandro Brown Gantús, al manifestar que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) lleva avanzada su carpeta de investigación, al tratarse de fauna silvestre como iguanas, culebras y zorros, para presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

De igual manera, reveló que la fiscalía que encabeza dará parte a la Feccecam, toda vez que hubo participación de la autoridad municipal en el otorgamiento de permisos, así como de la legisladora local por el partido Morena, Mayda Mas Tun, a fin de que el organismo abra una carpeta de investigación, resuelva si hubo violación a la ley y judicialice el caso.

La Feccecam investigará presunta corrupción en permisos para el evento.
La Feccecam investigará presunta corrupción en permisos para el evento. / Por Esto!

También confirmó que la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía del Estado (Semabicce) abrió una carpeta de investigación y podría aplicar sanciones administrativas.

El fiscal reveló que será en los próximos días cuando los denunciados, incluidos organizadores, sean citados para rendir su declaración; y recordó que, según el Código Penal Local, de resultar culpables podrían enfrentar una pena de seis meses a tres años de prisión; mientras que, de acuerdo con el Código Penal Federal, esta alcanzaría hasta 10 años de cárcel.

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Finalmente, Brown Gantús dijo que en las denuncias presentadas por propios pobladores, quienes están siendo amenazados, no se señala a ninguna autoridad religiosa de estos barrios, y adelantó que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, del Sistema DIF Estatal, brindará atención psicológica y psiquiátrica a las y los menores que participaron en estas aberraciones.

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