Una denuncia anónima hecha pública acusa presiones, irregularidades y violaciones a los derechos de los consejeros durante el proceso que derivó en la destitución del entonces rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, y la posterior designación de Fanny Guillermo Maldonado como nueva titular de la institución.
De acuerdo con el escrito, el lunes 12 de enero, fecha en la que se registraron los hechos relacionados con la salida del rector, los integrantes del Consejo Universitario recibieron a las 21:31 horas un mensaje en el que se les informaba sobre la solicitud de realizar una sesión extraordinaria. En dicha comunicación se les pedía firmar para proceder con la destitución del rector y, además, proponer perfiles idóneos para ocupar el cargo.
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La denuncia señala que la convocatoria fue realizada con un margen de tiempo reducido, pues inicialmente se citó a las 22:00 horas del mismo día en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones “Siglo XXI”, lo que impidió que varios consejeros pudieran asistir. Además, se asegura que a algunos integrantes del máximo órgano de gobierno universitario se les negó el acceso a la reunión.
El documento también refiere que la convocatoria sufrió constantes modificaciones en el horario. La última notificación habría sido enviada a las 23:42 horas, citando para las 23:45, es decir, con apenas tres minutos de anticipación, situación que el denunciante considera una falta de seriedad, formalidad y respeto hacia los consejeros universitarios.
Posteriormente, durante la madrugada, se informó públicamente que la UACAM ya contaba con una nueva rectora, sin que se explicara de manera clara y transparente el procedimiento seguido para su designación. El miércoles 14 de enero se realizó una reunión informativa con Fanny Guillermo Maldonado; sin embargo, según la denuncia, no se ofrecieron detalles sobre el proceso de elección ni se aclararon las dudas sobre los acontecimientos previos.
El autor del escrito sostiene que estos hechos vulneran los derechos de los consejeros universitarios, contravienen los principios de legalidad, transparencia y participación democrática, y afectan gravemente la institucionalidad de la máxima Casa de Estudios.
