El embargo de cuentas a empresas carmelitas ejecutado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es criminal, pero sobre todo incongruente, pues ¿cómo es posible que el mismo Gobierno no solo no les pague, sino que además los sancione por no tener liquidez para cubrir impuestos, cuando saben que esas erogaciones son producto de la actividad proveedora o prestadora de servicios para una empresa federal? Así lo reprochó René Roldán Pérez, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Sureste.
La situación —advirtió— está afectando tanto a proveedores directos como a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) que integran la cadena de servicios en torno a la petrolera, pero no se puede olvidar que el problema central es la falta de pagos por parte de PEMEX. Desde ahí se desencadenan múltiples afectaciones económicas que van desde miles de despidos, endeudamiento, venta de activos y la necesidad de recurrir a créditos para sobrevivir.
Roldán Pérez señaló que esta presión fiscal por parte del gobierno resulta incongruente y hasta criminal, dado que las propias autoridades federales no están cumpliendo sus compromisos financieros.
“No puedes exigirle al empresario que pague impuestos si no le estás pagando lo que ya trabajó. Hay facturas con más de un año y medio sin saldarse, y otras que ni siquiera se han podido ingresar por falta de órdenes de compra”, denunció. A pesar de que recientemente en Carmen se ha prometido que los adeudos de PEMEX se liquidarían al 100 por ciento antes de que termine julio, expresó serias dudas sobre el cumplimiento de dicha promesa, e hizo un llamado a autoridades federales y estatales para que instruyan a instituciones como el IMSS, Infonavit y SAT a aplicar medidas de flexibilidad fiscal mientras no se regularicen los pagos pendientes.
Esto —concluyó— no solo sería justo, sino también congruente y responsable, porque “no puedes exigir cuando tú mismo no has cumplido”.
