El ayuntamiento de Pablo Gutiérrez Lazarus, estaría actuando fuera del marco legal al desalojar a ciudadanos de diversas propiedades, ya que, en caso de tratarse de predios federales, el procedimiento corresponde a dependencias como Semarnat o Profepa, y no al gobierno municipal, señaló el exdiputado local Luis García Hernández, quien acusó al edil de incurrir en un presunto abuso de autoridad por lo que, quienes se hayan visto afectados por estos hechos pueden interponer recursos legales para que se respeten los términos de su concesión.
De acuerdo con el entrevistado, intervenir en predios particulares y terrenos federales concesionados, sin tener facultades legales para ello, despojando a ciudadanos de sus propiedades es un atropello, un hecho que puede ejecutarse únicamente por la autoridad competente y esta, por ley, no es municipal, ya que, las concesiones otorgadas por la Semarnat incluyen un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) con condicionantes específicas, y que solo la autoridad federal puede revocarlas en caso de incumplimiento.
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“Los desalojos que ha perpetrado la actual administración municipal es el resultado de total abuso de autoridad, pero cuando una persona está protegida por el gobierno del estado, por el federal y por el Congreso, como ocurre con Pablo Gutiérrez, hace lo que quiere, viola la ley y nadie le pone un alto”, dijo al criticar que esto es detonado por la ausencia de las autoridades federales y estatales en Ciudad del Carmen, lo que propiciaría que el alcalde actúe con impunidad.
García Hernández sostuvo que este hecho ha sucedido en repetidas ocasiones en espacios estratégicos para el desarrollo de la ciudad, la muestra es que los desalojos se han ejecutado en el Malecón Costero tanto en la zona de playa como en los terrenos de enfrente, sin embargo, de todo lo que ha sucedido incluyendo el lujo de violencia y abuso de autoridad, en ningún caso ha intervenido la Profepa o la Semarnat, por ello, se atreve a afirmar que esas mismas dependencias lo están permitiendo y “por algo debe de ser”.
Ante esta situación, hizo un llamado al Congreso del Estado para que llame a comparecer al presidente municipal de Carmen y, de ser el caso, interponga una denuncia penal por abuso de autoridad y despojo, ya que si esto se sigue permitiendo, serán más las y los ciudadanos que se vean afectados por hechos arbitrarios y carentes de sustento legal, pero además, no todos tienen recursos para defenderse de una autoridad que no solo tiene los medios, sino el respaldo del corrupto sistema.
“Debe sentarse un precedente para que el alcalde deje de intervenir en asuntos que no le competen y se respete el Estado de Derecho”, concluyó.