A pesar de las reformas implementadas para agilizar los procesos, el sistema de procuración y administración de justicia en México continúa enfrentando serias deficiencias que afectan directamente a los ciudadanos.
De acuerdo con Miguel Cicler Pérez, integrante del Colegio de Abogados en Ciudad del Carmen, la llamada austeridad republicana ha limitado los presupuestos de las dependencias, lo que provoca que muchas plazas vacantes no sean cubiertas y que los puestos sean ocupados de forma interina o temporal, generando déficit de personal capacitado y un rezago creciente en la atención de casos.
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El especialista recordó que las reformas buscaban modernizar y agilizar el sistema, pero en la práctica los cambios no han resuelto la corrupción ni los retrasos. En materia laboral, expuso que cuando las juntas de conciliación dependían del Poder Ejecutivo se denunciaban anomalías, y ahora, bajo la administración del Poder Judicial, persisten los problemas, aunque con un enfoque distinto: la falta de personal y recursos.
Como ejemplo, señaló que una demanda laboral puede tardar hasta tres meses en ser admitida y la audiencia preliminar se agenda en un lapso de seis a siete meses, lo cual contradice la promesa de la reforma laboral que ofrecía procesos más rápidos y económicos.
“Este es el panorama real del sistema judicial en Campeche y Carmen: promesas de modernización que contrastan con retrasos, limitaciones presupuestales y una ciudadanía que sigue sin respuesta oportuna en sus procesos legales”, afirmó.
Finalmente, Cicler Pérez subrayó la necesidad de supervisar la eficiencia de los Centros de Conciliación y Juzgados Laborales, pues si las autoridades aseguran que el personal y presupuesto son suficientes, no se explica la incapacidad para garantizar justicia pronta y expedita.