Zheger Hay Harb
La nota colombiana
Como he tenido oportunidad de comentar aquí, la Justicia Especial de Paz (JEP) le solicitó a la fiscalía general el 18 de septiembre del presente año las pruebas que obren en su poder con base en las cuales repite cada día que adelanta la investigación para la extradición del excomandante de las Farc Jesús Santrich.
Diez días más tarde, la fiscalía respondió que no contaba con pruebas, que solo la justicia de Estados Unidos las tiene, pero que entregará copia de los audios del proceso contra Marlon Marín por narcotráfico en ese país, donde dice se menciona a Santrich. Ahora, finalmente, ha entregado copia de los audios con los que muy difícilmente un juez probo puede decidir que hay méritos para extraditarlo.
Este, con su ironía característica, le ha enviado la siguiente carta al fiscal: “La Picota (nombre de la cárcel en que se encuentra) República Banana. Néstor Humberto Martínez: Hola, ya tuve oportunidad de conocer tus “pruebas”; ojalá el país tuviera la oportunidad de oír los audios que tienes como base de tu engaño. No sigas haciendo el ridículo y abusando de tu poder. Ni tú ni nadie en este mundo podrá presentar grabación alguna en la que yo esté hablando algo distinto a lo que he dedicado mi vida en los últimos años: la implementación del Acuerdo de Paz y los proyectos productivos de la reincorporación. Reflexiona, deja de ser farsante”.
El caso ha agudizado las tensiones entre la JEP y la fiscalía, y de él se han derivado crisis en el proceso de paz porque a partir de esa captura Iván Márquez y el Paisa decidieron refugiarse en un lugar desconocido, acompañados de otros exjefes guerrilleros, todos los cuales, a excepción hecha de este último, ante el emplazamiento de la justicia transicional se hicieron presentes mediante cartas en las cuales ratificaban su deseo de seguir sometidos a ella.
Sin embargo, su situación está atada a lo que ocurra con Santrich. Si la JEP comprueba que este incurrió en el delito de narcotráfico después de la firma del Acuerdo de Paz, su caso pasaría a la Corte Suprema de Justicia, que deberá aprobar su extradición o no. En todo caso, la última palabra la tendrá el presidente de la República, sin cuya firma ningún colombiano puede ser extraditado.
El problema está en que la JEP está solicitando a Estados Unidos la entrega de las pruebas que tengan sobre el caso para decidir la comisión del delito o no y la fecha en que se habría cometido, y con eso rompe la tradición de la Corte Suprema que, en estos casos, se ha limitado siempre a aceptar la solicitud de Estados Unidos sin revisar las pruebas.
Ante este nuevo caso, la justicia de Estados Unidos resiente como intromisión en la autonomía de su jurisdicción la solicitud de la justicia de paz y por eso es muy poco probable que le envíe pruebas. La JEP justifica su actuación en que está en juego el bien supremo de la paz, espera la cooperación de ese país y fija un plazo de cuarenta días para decidir.
Como la captura de Santrich se dio “con fines de extradición”, si la JEP decide que en virtud de la falta de pruebas esta no puede darse, la reclusión carcelaria perdería sentido y tendría que ser puesto en libertad.
La situación no es fácil, porque la ley de procedimiento de esta justicia, propuesta por ella misma, dice que en casos de extradición no puede practicar pruebas y aunque hay una demanda contra el artículo que ordena esa limitación, todavía no hay decisión. Pero la Corte Constitucional, en un fallo con fuerza superior, ha dicho que la JEP sí puede practicarlas.
Ante este enredo jurídico, la justicia especial ha dicho que inaplica la ley de procedimiento en lo que tiene que ver con la prohibición de practicar pruebas y se acoge al fallo de la Corte. Pero las dificultades no provienen sólo de los críticos de la JEP: esa decisión fue tomada por tres magistrados de los cinco que integran la Sala de Reconocimiento. Los otros dos hicieron salvamento de voto por considerar que no pueden interferir con la jurisdicción de otro país. Pero como esas situaciones son previsibles en el derecho interno, la decisión de la mayoría de la sala es definitiva.
Hay que estar atentos al desenlace de este caso cuyos alcances van más allá de Santrich, Iván Márquez, la JEP y la Fiscalía General. Sin ser alarmistas, podemos decir que la forma como se resuelva influirá de manera importante en el futuro del proceso de paz.