Por Zheger Hay Harb
La nota colombiana
El ex comandante de las FARC Jesús Santrich, quien se encuentra recluido en una celda de aislamiento en la cárcel La Picota, de Bogotá, anunció que acudirá a la Comisión Americana de Derechos Humanos en busca de garantías en el proceso que por supuesto narcotráfico le sigue el Estado colombiano.
Santrich considera que su caso constituye una violación al proceso de paz y a la independencia de la Justicia Especial de Paz (JEP) a la cual se sometió formalmente. Dice que su caso es un burdo montaje urdido por la DEA y una corte federal de Estados Unidos para acusarlo de narcotráfico y pedirlo en extradición a lo cual se ha prestado la fiscalía colombiana.
Por eso solicita, exponiendo una serie de pruebas, a la CIDH una medida cautelar que frene el proceso de extradición, restituya a Santrich en su derecho fundamental al debido proceso y ordene en consecuencia su libertad.
El acuerdo de paz es claro en establecer que los crímenes cometidos antes de su firma deben ser de conocimiento de la JEP. Se ha suscitado una controversia con el fiscal general que pretende que esa justicia especial simplemente actúe como notario señalando una fecha de comisión del posible delito pero sin derecho a practicar ninguna prueba para poder determinarla.
No puede uno menos de preguntarse cómo podrían establecer una fecha en sede judicial sin manera de probarlo. Aunque el fiscal general y la presidente de la JEP se reunieron, se tomaron una foto muy sonrientes y anunciaron que trabajarían de la mano, el asunto no es de reunión social sino de definiciones de política y delimitación de competencias, lo cual no aparece claro todavía.
En medio de la controversia, la JEP le pidió al fiscal general que le entregara las pruebas que tuviera en su poder sobre el supuesto narcotráfico de Santrich y la respuesta fue negativa: no tiene ninguna prueba. Tal vez reflexionó poco después y entonces anunció que entregaría los videos que le manden de Estados Unidos sobre lo que Marlon Marín, el sobrino sapo de Iván Márquez, le diga a la DEA y a la Corte en Estados Unidos buscando enlodar al ex comandante.
Santrich se encuentra en una celda de castigo, aislado y, a la pregunta de su abogado sobre la razón de ese aislamiento, le responden que es por seguridad, pero no sabemos a la seguridad de quién se refieren, porque si es a la del ex guerrillero, con que estuviera en la enfermería de la prisión, con los cuidados que su ceguera y precaria condición de salud requieren, sería suficiente.
El equipo jurídico de la FARC también acudirá a la CIDH en busca de una medida cautelar sobre el proceso 001 de la JEP que investiga a 31 ex jefes guerrilleros por secuestro y desaparición forzada, cuyo expediente fue retirado arbitrariamente por la fiscalía de las oficinas de la justicia especial y el cual, aunque fue devuelto luego de la queja que ésta presentó y el revuelo mediático que se armó, fue muy probablemente copiado con lo cual se violó la reserva sumarial.
En medio de este caso, se ha presentado la acusación contra la directora administrativa de la JEP –quien ya fue llamada a indagatoria- y su antiguo secretario general por haber otorgado permisos a varios ex guerrilleros para ausentarse de sus zonas de concentración.
A instancias de la Procuraduría General de la Nación y de la Comisión de Paz del Congreso de la República se creó una mesa técnica que se encargará de resolver futuros “choques de trenes” como el que se presentó, pero la FARC sigue adelante en su intención de acudir a instancias internacionales.
De lo que suceda en el proceso de Santrich dependerá la conducta que adopten los ex comandantes evadidos de la JEP (aunque Iván Márquez reitera que él sigue sometido a su jurisdicción) y en muy buena parte, el futuro del proceso de paz.