Zheger Hay Harb
Las dos impulsoras principales de la consulta anticorrupción, conjuntamente con quienes de manera decidida promovieron esa campaña, anunciaron que presentarán en el Congreso los proyectos de ley que den vida a las 7 propuestas que, aunque no lograron sobrepasar el umbral que exige la ley, políticamente representan un mandato ciudadano.
Ha sido la mayor movilización ciudadana que ha visto el país en mucho tiempo; la votación superó la de cualquier presidente, incluido el actual, quien leyendo esa nueva realidad política se ha visto precisado, a pesar de la oposición de su partido político, a convocar a todas las fuerzas políticas, incluidas las promotoras de la consulta, para acordar un paquete de reformas anticorrupción.
Por supuesto que los partidos políticos convocados tienen entre sus huestes a los mayores corruptos del país, empezando por el partido del presidente, el Centro Democrático, cuyo líder, el expresidente y hoy senador, Alvaro Uribe, ha sido llamado a rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de manipulación de testigos, por el cual él había acusado al senador del Polo Democrático Iván Cepeda, pero la investigación se convirtió en un bumerán que demostró que el manipulador era el acusador y no el acusado.
Nadie se llama a engaño, nada cambiará mientras no se hagan reformas de fondo al sistema político y se desarrolle una amplia pedagogía que siembre valores ciudadanos para elegir a sus gobernantes y controlar su gestión. Por ejemplo, mientras Duque convocaba a reunión anticorrupción los mismos convocados se amangualaron para elegir en el Consejo Nacional Electoral a los politiqueros de siempre. Y el presidente nombra como embajador ante la OEA al ex procurador general destituido por corrupción por el Consejo de Estado por haber obtenido los votos para su reelección mediante prebendas a sus electores.
Sin embargo, la consulta deja varias lecciones: se puede hacer política sin caer en los vicios enquistados en el sistema político. Esta vez los líderes de la Alianza Verde, el Polo Democrático, Colombia Humana y los congresistas de Decentes (el movimiento de Gustavo Petro), así como sectores minoritarios de los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical, acompañados de organizaciones sociales, recurrieron a los medios de comunicación, las redes sociales y el activismo de centenares de personas, muchos de ellos estudiantes y hasta hicieron un reguetón que copó las redes en una forma imaginativa, sin epítetos descalificadores, resaltando lo positivo y así lograron captar a muchos escépticos o apáticos.
Queda también la enseñanza de que se pueden hacer acuerdos coyunturales sin negociar principios. No se repartieron cargos en entidades públicas ni se pactó aprobación de leyes a cambio del apoyo a la consulta con los miembros de partidos tradicionales que se sumaron a ella.
La presión social obligó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a desengavetar las firmas presentadas por los promotores para que se aprobara la convocatoria: con denuncias en las redes sociales y medios de comunicación y plantones frente a sus instalaciones, esta entidad, de las más clientelistas del país, tuvo que ceder.
La consulta, que no alcanzó el umbral por menos del 1 %, ganó en los principales centros urbanos, mejor interconectados, con más facilidades de convocatoria, con mayor número de organizaciones sociales y donde se constituyeron comités de apoyo. En las 17 ciudades más pobladas del país, incluida Medellín, fortín político de Alvaro Uribe, se superó el umbral. Es decir, la mayoría de la población vive en las regiones donde se ganó la consulta. Las zonas más marginadas, con altísimos índices de corrupción y las áreas rurales con grandes dificultades de comunicación, tuvieron una participación muy reducida.
El abstencionismo sigue siendo una falla de nuestra democracia. La gente no sale a votar por pereza, o porque considera, estando de acuerdo con lo que debe votar, que su voto no pesará en el resultado final y que de todas maneras este lo favorecerá, o porque están ocupados arañando la subsistencia, o porque no creen en las instituciones y piensan que cualquiera sea el resultado habrá trampa para no reconocer el triunfo. Los funcionarios de la rama Judicial en su gran mayoría, a pesar de que apoyan la lucha contra la corrupción no salieron a votar porque el punto que propone bajar el salario de los congresistas implicaría bajar también el de ellos, que no es muy alto, porque está tasado sobre un porcentaje del de los parlamentarios y si bajan el de ellos arrastraría los suyos también a la baja.
El expresidente Uribe sufrió una derrota pues a pesar de que él y su partido, así como los demás de la vieja clase política, rechazaron la consulta luego de haber acordado aprobarla para no crear esa polémica antes de las elecciones presidenciales, Duque se vio obligado a apoyarla aunque muy tibiamente, sin promoverla ni llamar a votarla, pero evaluó que era imposible asumir ese costo político. Y, luego de conocidos los resultados, radicó este martes un nuevo proyecto de ley ante el Congreso como aporte a la lucha contra la corrupción.
En él propone ampliar la prescripción de la acción disciplinaria en procesos por corrupción contra funcionarios públicos de cinco a 20 años, así como instaurar la acción penal y el delito para las personas jurídicas. Se contempla, por ejemplo, la sanción corporativa, así como para gestores o propietarios, con prohibición de contratar con el Estado.
No se conocen aún los resultados de la reunión de ayer entre el presidente Duque, los representantes de los partidos tradicionales y los que promovieron la consulta. Pero lo que sí es seguro es que en el Congreso hay ahora una fuerza contestataria cada vez mejor organizada que puede lograr consensos con los sectores menos retardatarios y corruptos de esas fuerzas, que los proyectos de Duque tendrán que armonizarse con los que ellos presentarán y que ya Uribe no es el amo indiscutible del Parlamento. Es de esperar que se mantenga el llamado a la ciudadanía y sus organizaciones para no permitir que decaiga el entusiasmo y se mantenga la presión sobre los corruptos.